La patronal eléctrica advierte de que los peajes siguen siendo insuficientes pese a la corrección
MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) considera que la suspensión acordada por el Tribunal Supremo de la bajada de peajes eléctricos de octubre implica que, en el presente, esta variable pase a ser la de julio.
De esta forma, los peajes de la luz, que tienen un peso del 50% en la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que recogen los costes regulados, suben más del 12% para ponerse al nivel de julio. A efectos prácticos, la medida equivale a encarecer cerca de un 6% la tarifa.
En un comunicado, Unesa asegura que "la suspensión acordada por el Tribunal Supremo implica que, en el momento presente, los peajes vigentes no sean los que marcaba la orden ministerial ITC/2585/2011, es decir, los que se emplearon a partir del cuarto trimestre de 2011, sino los previos", que son los de julio.
Pese a esta corrección, la patronal eléctrica considera que los peajes siguen siendo "insuficientes para corregir la senda del déficit y alcanzar cuanto antes la suficiencia".
El ministro de Industria, Juan Manuel Soria, ha asegurado que el Gobierno congelará la TUR en enero. Como la subasta eléctrica marcó un descenso del 10% en el coste de la electricidad, el Ejecutivo todavía puede elevar un 11% los peajes sin que la tarifa final sufra subidas.
Unesa indica además que ha recibido este lunes el auto del Supremo en el que se estiman favorablemente las medidas cautelares solicitadas por la propia asociación contra la bajada de los peajes de acceso que se aprobó en la revisión tarifaria de octubre.
Al estimar las medidas cautelares solicitadas por Unesa, el Alto Tribunal coincide en los autos notificados a Endesa e Iberdrola, en los que se pronuncia en la misma dirección.
PERJUICIOS A LAS ELÉCTRICAS.
En su resolución, la sala tercera del Supremo indica expresamente la improcedencia de utilizar estos peajes como medio de compensar los incrementos en el coste de la energía, puesto que esto supone "un riesgo para la sostenibilidad del sistema eléctrico".
En el auto, cuya decisión es firme, el Supremo también sostiene que el aplazamiento para 2012 del pago de cantidades correspondientes al déficit de 2011 causa unos "perjuicios inmediatos e irreversibles a las empresas eléctricas".
