Más de un millón de usuarios de tarifa nocturna no tendrán derecho a percibir el bono social
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Consumidores (UCE) espera que en julio se produzca una subida de la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) "razonable" y "no excesiva", pero que a largo plazo el precio regulado de la electricidad "tenga efectos disuarios" y anime a los consumidores a buscar ofertas en el mercado libre.
"Esperamos que el incremento de la TUR en julio no sea excesivo, pues no hay razón para ello. Esperamos que sea igual que otros meses de julio", afirmó en una rueda de prensa el asesor juirídico de UCE José Luis Gómez Boza. En julio del año pasado se aplicó un incremento del 5,6%, mientras que en julio de 2007 no hubo revisión.
Gómez Boza advirtió además de que hasta 2013, fecha fijada por el Gobierno para la desaparición del déficit de tarifa, no se espera una liberalización efectiva del mercado eléctrico que "mejore" los precios regulados. Por este motivo y por la falta de ofertas atractivas, UCE recomienda a los consumidores que se mantengan en la TUR y no pasen todavía al mercado libre.
A apenas tres semanas del arranque de la liberalización, UCE exige más información sobre el proceso, un contrato tipo para todas las comercializadoras, que se mantengan las garantías en la calidad del servicio, que se aplique el bono social de forma correcta y que no haya fraude en la captación de clientes.
La asociación, mantuvo recientemente, junto a otras de defensa del consumidor, una reunión con el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, en la que, entre otros aspectos, expusieron su preocupación por la situación de los usuarios de tarifa nocturna y por la falta de un límite máximo de ingresos para los beneficiarios del bono social.
RIESGO DE FRAUDE.
Además de recomendar que se siga en la tarifa, UCE advierte de "dos posibles fraudes" en el nuevo mercado eléctrico similares a los que se produjeron con las telecomunicaciones. Uno de ellos son los posibles acuerdos de precios entre empresas y el segundo es el "slamming", que consiste en captar datos personales suficientes para hacer un traslado de comercializadora sin el permiso del cliente.
A partir de julio, los consumidores de menos de 10 kilovatios (kW) podrán elegir entre seguir acogidos a la tarifa, que será suministrada por un comercializador de último recurso, o contratar a una comercializadora en el mercado libre. Los precios regulados se fijarán mediante una fórmula, y tendrán en cuenta los costes de producción, los peajes de acceso --primas, coste de la red, déficit y otros-- y los costes de comercialización.
BONO SOCIAL Y TARIFA NOCTURNA.
La organización de consumidores considera además que los datos para conceder el nuevo bono social, que consistirá en una congelación del recibo para sectores desfavorecidos, son "de especial sensibilidad" y no deben ser gestionados directamente por las eléctricas, por lo que pide al Ministerio de Industria que asuma el papel de comunicar a las empresas qué consumidores son potenciales beneficiarios de la medida.
Gómez Boza lamentó que los 1,1 millones de consumidores de la antigua tarifa nocturna, ahora conocida como de discriminación horaria, deban salir al mercado por tener más de 10 kW y, con ello, no reciban "ventajas" como poder acogerse al bono social. Estos consumidores, que en el pasado se comprometieron con el ahorro al instalar acumuladores eléctricos, se están viendo "muy perjudicados", señaló.
De los 1,5 millones de consumidores que pasarán al mercado en julio por superar los 10 kW, Boza calculó que 0,5 millones ya han contratado comercializadora, mientras que el resto no lo ha hecho aún. Este colectivo sufrirá un recargo trimestral del 5% durante nueve meses por permanecer en la tarifa.
