La Comisión de Liquidación de Izar estudia la ampliación de información remitida por Ros Casares sobre el centro de Manises
MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes la privatización de los centros de Izar de Gijón, Sestao (Vizcaya) y Sevilla, mientras que la fábrica de Motores de Manises está a la espera de que Bruselas dé el visto bueno a su enajenación, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.
Previamente, esta semana estará marcada por un conjunto de negociaciones a contrarreloj entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y las federaciones industriales de CC.OO. y UGT, que persiguen cerrar los últimos flecos del proceso de liquidación abierto desde hace más de un año antes de que el Consejo de Ministros dé 'luz verde' al proceso.
Las mismas fuentes explicaron que una vez aprobada la privatización, se perfeccionará la venta con la elevación a escritura pública de los contratos de compraventa, lo que hará posible la entrada de nueva actividad en cada uno de los centros.
La SEPI y los sindicatos tienen pendiente cerrar las garantías laborales definitivas, después de que el pasado mes de mayo el 'holding' público y los sindicatos firmaran un preacuerdo que establece garantías laborales para un periodo de diez años, en caso de fracaso del proyecto del comprador.
Este acuerdo fue en un primer momento rechazado por los trabajadores, aunque a continuación los sindicatos iniciaron un nuevo proceso de conversaciones con la SEPI para limar algunos puntos de enfrentamiento, que son los que están pendientes de ser consensuados.
Asimismo, en las negociaciones entre el 'holding' público y los sindicatos se determinará el plan industrial para cada uno de los centros, así como la carga de trabajo correspondiente.
Por otro lado, ambas partes deberán cerrar el preacuerdo firmado para la creación de una sociedad 'holding' integrada por las cuatro adjudicatarias, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las cajas de ahorros.
DEMANDA DE CC.OO.
De forma paralela a estas negociaciones, la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. decidió la pasada semana iniciar un proceso para presentar una denuncia contra la SEPI, por las vías administrativa y de lo social, al entender que la venta individual de los activos civiles de Izar "incumple" los acuerdos suscritos con los sindicatos en diciembre de 2004.
Fuentes de este sindicato consultadas por Europa Press explicaron que "esta demanda no quita que esta semana se llegue a un consenso" sobre los puntos pendientes. "Son proceso distintos", apuntaron desde la federación.
La organización sindical se encuentra en estos momentos preparando la demanda, que aún no ha sido presentada ante los juzgados, después de que concluyera sin avenencia una reunión entre las partes en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, en Madrid.
MANISES, A LA ESPERA.
Fuentes de la SEPI consultadas por Europa Press explicaron que esta semana ha finalizado el plazo para que el Consorcio Ros Casares, la única oferta que pujaba por la fábrica de motores de Manises, presentase la ampliación de información a la Comisión de Liquidación de Izar solicitada por Bruselas.
La SEPI se vio obligada a retrasar la venta de este centro, después de que el Ejecutivo comunitario pidiera más información esta oferta, con lo que Comisión de Liquidación deberá estudiar ahora la documentación remitida por el adjudicatario y una vez aprobada la enviará a Bruselas.
Según las mismas fuentes, el centro de Manises deberá pasar ahora por todos los trámites correspondientes al margen del resto de los centros que ya han pasado por ellos y que son el análisis del consejo de administración de SEPI y la aprobación por parte del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP).
Los adjudicatarios del resto de los centros son Construcciones Navales del Norte (CNN), que se hizo con el centro de Sestao por 7 millones de euros, Factorías Vulcano, que ha comprado el astillero de Gijón por 2,08 millones de euros, Astilleros de Huelva, que compró los activos de Sevilla por 607.200 euros.
En el contrato de compraventa se establece una franquicia de 60.000 euros para cubrir errores o deficiencias de menor importancia de cualquier tipo que sean, aunque si las responsabilidades individuales del vendedor no exceden de 5.000 euros, no habrá lugar a indemnización.
