MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno tiene previsto fijar "un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar" para delimitar los consumidores con derecho a recibir el nuevo bono social eléctrico, cuya financiación correrá a cargo de una docena de compañías eléctricas y se revisará al menos cada cuatro años.
Hasta el desarrollo de estos principios, el bono beneficiará a los usuarios de la tarifa social, a las pensiones mínimas de personas de más de 60 años, a familias numerosas y a familias con todos sus miembros en situación de desempleo.
Estas consideraciones aparecen recogidas en el Real Decreto 6/2009 publicado hoy en el BOE para solucionar el déficit de tarifa, que se genera cuando los ingresos del sistema eléctrico son inferiores a los costes, y que en términos acumulados desde 2000 ronda los 14.000 millones de euros.
Según el decreto, las medidas aprobadas "deben permitir reactivar y relanzar las inversiones en el sector energético", ya que solucionará "no sólo la situación financiera de las empresas del sector eléctrico, sino la sostenibilidad misma del sistema".
La norma no alude a subidas tarifarias, pero recuerda que la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR), en vigor a partir del próximo mes de julio, garantizará la "aditividad", y justifica el bono social a partir de la necesidad de permitir "la suavidad del cambio" y proteger "la seguridad jurídica y confianza legítima de los consumidores más desprotegidos".
El bono social cubrirá la diferencia entre el valor de la TUR y un valor de referencia que se llamará "tarifa reducida". La financiación será "compartida" por doce empresas, pero la mayor carga corresponderá a Endesa (36,7%), Iberdrola (34,9%), Unión Fenosa (10%), Gas Natural (3,5%) e Hidroeléctrica del Cantábrico (3,5%).
FIN DEL DÉFICIT EN 2013.
Por otro lado, el decreto fija el 1 de enero de 2013 como la fecha en la que se satisfará la totalidad de los costes regulados y se dejará de generar déficit 'ex ante'. Hasta ese momento, el déficit no podrá superar los 3.500 millones en 2009, los 3.000 millones en 2010, los 2.000 millones en 2011 ni los 1.000 millones en 2012.
La financiación del déficit se realizará a través de un nuevo Fondo de Titulización, que se creará con informe previo del Ministerio de Economía y que asumirá derechos de cobro de hasta 10.000 millones de la deuda anterior a 2009. Además, durante este ejercicio aportará avales por otros 10.000 millones como máximo.
El decreto aprovecha para reformular el peso proporcional de las empresas que se encargan de financiar el déficit. Gas Natural y E.ON entran en la lista, de la que sale Elcogás, con lo que la distribución queda de la siguiente forma: Endesa (44,16%); Iberdrola (35,01%), Unión Fenosa (12,84%), Hidroeléctrica del Cantábrico (6,08%), E.ON (1%) y Gas Natural (0,91%).
RESIDUOS Y BONO POR CO2 Y AVAL.
Además, como parte de la solución del déficit, las eléctricas se harán cargo no sólo del bono social, cuyo coste Unesa cifra en más de 1.000 millones, sino de la gestión de residuos radiactivos, valorada en 2.700 millones.
A cambio, el Gobierno, aparte de avalar la deuda, trasladará de forma "escalonada" los costes de generación insular y extrapeninsular, y ha derogado el decreto que detraía de la retribución a las eléctricas los mayores ingresos procedentes de la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2.
Además, el nuevo decreto crea un mecanismo de preasignación para la energía renovable a la vista de que la tendencia actual "podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema".
Para entrar en el registro, los promotores de renovables debrán disponer de conexión eléctrica, de autorizaciones administrativas, de licencia de obra y de certificados de aval, entre otros aspectos.
