MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sector eléctrico ha pedido no aplicar propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como las que se proponen al respecto de la nuclear y la hidroeléctrica, "en base a argumentos extensibles a todas las energías renovables", ante las medidas incluidas por el Gobierno y Unidos Podemos en su acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.
Gobierno y Unidos Podemos han acordado realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución, los conocidos como 'beneficios caídos del cielo' (windfall profits), que consideran que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear.
Fuentes del sector indicaron a Europa Press que comparten la necesidad de una reforma del mercado de generación hacia estructuras ya existentes en la Unión Europea, "que funcionan con normalidad a través de contratos bilaterales y subastas de capacidad".
Así, consideran que esta reforma, en línea con la postura del entorno comunitario, debe ser "general, y no tecnológica, acompañada del desarrollo de mecanismos de capacidad para la generación térmica que, generará cada vez menos pero garantizará el suministro".
Sin embargo, subrayan que no caben propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como las que se proponen al respecto de la nuclear y la hidroeléctrica, en base a argumentos extensibles a todas las energías renovables.
NUEVA JUDICILIALIZACIÓN DEL SECTOR.
En concreto, destacan que estas medidas son contrarias a la normativa de la UE, "por lo que se generaría una nueva judicialización del sector, en un momento en el que lo que se requiere es recuperar la confianza de los inversores de cara a afrontar la transición ecológica" y, además, señalan que van en contra de la acción climática, "desincentivando las inversiones en energías limpias, castigando a los agentes que han apostado por estas tecnologías limpias y perpetuando los privilegios de aquellas empresas que no creyeron en la necesidad de la energía sostenible".
En lo que respecta a las centrales nucleares, defienden que no están amortizadas y están tan sobrecargadas de impuestos "que no son viables", como se constata "con el cierre de Garoña por parte de los operadores".
En lo que se refiere a las centrales hidroeléctricas, añaden igualmente que no están amortizadas, ya que estas plantas requieren de "cantidades ingentes de inversión (gran obra civil) que empiezan a dar réditos a partir de los 70 años del inicio de su funcionamiento".
Así, señalan que en los balances de las empresas eléctricas se observa una amortización contable por recuperar de más de 7.000 millones de euros, lo que supone una vida útil restante de más de 30 años, y recuerdan que los generadores hidroeléctricos pagan actualmente más del 25% de sus ingresos en impuestos, "tan elevados que no tienen parangón con países de nuestro entorno".
RETRAEN EL INTERÉS DEL INVERSOR EN TODO EL SECTOR.
Estas mismas fuentes consideran que el potencial de la hidroeléctrica en España -conforme al plan de energías renovables 2011-2020 del Gobierno- es de más de 34.000 gigavatios hora (GWh adicionales), lo que implica que es posible duplicar la producción anual existente, por lo que, subrayan, que el "simple anuncio de estas medidas retrae el capital y el interés del inversor en todo el sector eléctrico".
Finalmente, recuerdan que en los últimos años estas centrales han registrado pérdidas contables, derivado de la excesiva carga fiscal que sufren, "la cual es contraria a la lucha contra el cambio climático", y que en los últimos 10 años se ha incrementado el parque hidroeléctrico más de un 7%, por lo que "no se trata de una tecnología que haya que penalizar, sino promover".
