Actualizado 06/06/2018 21:25 CET

Unidos Podemos pide investigar si Endesa y otras eléctricas alteraron indebidamente su potencia en la factura

Contador de luz, electricidad
AYUNTAMIENTO TOTANA - Archivo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han reclamado este miércoles en el Congreso la apertura de una investigación para esclarecer si Endesa y otras empresas comercializadoras de energía eléctrica alteraron la potencia contratada sin autorización de la Administración pública ni comunicación a sus clientes.

Para ello, han registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso en la que reclaman tanto al Gobierno como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que comprueben una posible vulneración de la legislación en materia de tarifas de acceso.

Además, reclaman el análisis de la resolución dictada por la Junta de Andalucía, que en 2015 certificó que, si bien se habían producido incrementos en la potencia controlada en más de 400.000 suministros de la compañía Endesa en la comunidad, no constaba ninguna solicitud de autorización para ello.

Todo ello tras la reclamación presentada en 2009 por el ingeniero Antonio Moreno Alfaro, quien aseguraba que esta comercializadora había incrementado unilateralmente la potencia contratada, hasta una tensión nominal de 230 voltios, vigente desde 2003 y no aplicable a los suministros con los contratos suscritos con anterioridad. Asimismo, la empresa tampoco habría tenido en cuenta la aplicación de un coeficiente incluido en la regulación.

Dos años más tarde, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Andalucía impuso a Endesa la obligación de regularizar el contrato de suministro, adecuar el término de potencia y devolver las cantidades indebidamente cobradas.

Si bien se estimó que este incremento afectó a 424.194 suministros de esta empresa en Andalucía, el aumento de la tensión nominal de 230 voltios podría haber afectado a los 4,6 millones suministros conectados en esta comunidad, ya que existe un mecanismo legal que permite a las distribuidoras actualizar las tensiones.

Este cambio debería contar con autorización previa de la Administración competente, sin que constara solicitud alguna para ello, tal y como refleja una resolución de marzo de 2015 de la citada Dirección. En caso de que este cambio de tensión hubiera sido aplicado por el resto de compañías y en el resto del país, el número de suministros afectados sería de aproximadamente 24 millones.

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