BRUSELAS, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha dado curso a la denuncia presentada en diciembre de 2012 por los astilleros españoles contra las ayudas fiscales de Países Bajos al sector naval y está examinando las alegaciones de las autoridades holandesas para decidir si abre una investigación formal.
"La evaluación de las medidas objeto de la denuncia está en marcha. La Comisión ha analizado las respuestas de las autoridades neerlandesas hasta la fecha y a mediados de septiembre les remitió una solicitud de información adicional", ha explicado Almunia en respuesta a una interpelación parlamentaria del eurodiputado del PP, Salvador Garriga.
El Ejecutivo comunitario, explica el responsable de Competencia, debe determinar en primer lugar si las medidas en cuestión entran en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas públicas y a continuación evaluar la legalidad de cada una de las medidas individualmente. Sólo entonces, si existen "serias dudas", Bruselas abrirá una investigación en profundidad y si constata que la ayuda es ilegal ordenará su recuperación con intereses.
Almunia ha negado que haya retrasos en la investigación o discriminación respecto a otros países a los que Bruselas ya ha investigado y sancionado, como España. "A la vista de las circunstancias objetivas de este asunto, la Comisión considera que no lo está tratando de forma diferente a casos similares de otros Estados miembros", sostiene.
El Ejecutivo comunitario ordenó a España el pasado 17 de julio que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Las subvenciones deben devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
