MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá este jueves la enmienda de totalidad presentada por el PSOE contra el proyecto de ley de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario, con la que piden la devolución del texto al Gobierno alegando que su único objetivo es privatizar el registro de la propiedad y consolidar las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en las últimas décadas en contra del carácter aconfesional del Estado consagrado en la Constitución.
El texto, que recoge Europa Press, reprocha el "carácter sesgado" del proyecto de ley, que a su entender pretende desplazar el peso de la información sobre las fincas existentes desde el Catastro a "otras bases de carácter privado no controladas por el Estado".
Y es que actualmente el Catastro es "la pieza esencial" del sistema, ya que recoge la descripción física de las fincas y su valoración a efectos fiscales, mientras que el Registro sólo incluye los derechos reales sobre los inmuebles.
NUEVAS BASES DE DATOS
Sin embargo, ahora se intenta "sustituir el actual sistema, que ha probado sobradamente su seguridad, eficiencia y eficacia, por un sistema de bases privadas", en lo que a juicio del PSOE supone "una suerte de privatización del Registro de la Propiedad". "En definitiva, se desplaza el Catastro, de una manera evidente, hacia otros cometidos que no interfieran con el Registro", insisten los socialistas.
En este sentido, aseguran que mientras en los últimos años el Gobierno no ha "estrenado" siquiera la última reforma de la Ley Hipotecaria en lo que tiene que ver con la publicidad de los datos que publican los registros, sí ha permitido que organismos como el Colegio de Registradores crearan sus propias bases de datos y números de identificación de fincas, "diseñados exclusivamente para competir con la puesta en práctica de la Referencia Catastral en los libros registrales".
De este modo, en varias comunidades ya se usan estas referencias privadas en lugar de los identificadores del Catastro, con la consecuente inseguridad jurídica para los ciudadanos. E incluso se extiende el "afán invasivo" del Registro hasta el punto de atribuirle calificaciones de cuestiones físicas o "competencias del juez o del notario".
"Sólo quedaba santificar con una ley que adecuara la legalidad (de esta forma de actuar), y es lo que viene a hacer este proyecto", resume el PSOE, que además niega que el cambio vaya a conllevar un ahorro de costes para el erario público sino todo lo contrario.
Además, el principal partido de la oposición acusa al Ejecutivo de presentar un proyecto "en extremo reglamentista" con el único objetivo de que los posibles recursos se tengan que presentar ante el Tribunal Constitucional (TC), que sólo puede pronunciarse sobre su constitucionalidad y presenta más dificultades para impugnar sus resoluciones, en lugar de que sea el Supremo (TS) el que valore su adecuación a la ley.
"El PSOE rechaza de plano la contrarreforma de la Justicia que está llevando a cabo el PP con su mayoría absoluta, imponiendo su privatización; rechaza de plano la privatización de los registros Civil y de la Propiedad, y rechaza de plano el modelo que permite la apropiación del Registro de la Propiedad por un cuerpo que se define como funcionarial para aprovecharlo en interés propio y no en beneficio de la sociedad", zanja la enmienda.
INMATRICULACIÓN DE PROPIEDADES
Por otra parte, el PSOE también rechaza la decisión del Gobierno de homogeneizar la situación de la Iglesia Católica a la del resto de la sociedad a la hora de inscribir propiedades, superando así la posibilidad que tenía hasta ahora esta institución de recurrir al procedimiento especial, reservado a las administraciones públicas, e inmatricular bienes sin necesidad de título de dominio.
El Gobierno alega en la exposición de motivos del proyecto de ley que esa excepción respondía a un "contexto socioeconómico muy diferente del actual" pero que ya se ha superado. Dado que ya ha transcurrido "un tiempo suficiente" desde que en 1998 se le permitió la inscripción de los templos dedicados al culto católico por el procedimiento especial y que actualmente las inscripciones en el Registro se realizan con "facilidad y normalidad", se considera "innecesario" mantener la situación actual.
Esto supone que a partir de ahora la Iglesia tendrá que cumplir los mismos requisitos que el resto de actores de la sociedad a la hora de registrar una propiedad, pero se consolida también la situación de los bienes que han sido inmatriculados en las últimas décadas por la vía excepcional, como sucede por ejemplo con la Mezquita de Córdoba.
Así, los socialistas consideran que los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para modificar la ley son "insultantes" y contradicen directamente a la Constitución Española, que consagra el carácter aconfesional del Estado.
"Por eso, la Iglesia Católica no puede ser tratada bajo ningún concepto, ni nunca debió serlo, como Administración pública", insiste el principal partido de la oposición, que además señala que el privilegio del que ha gozado todos estos años supone una "vulneración del principio de igualdad con otras confesiones".
