Economía/Fiscal.- El Gobierno aprueba la ley de Prevención del Fraude Fiscal, centrada en sector inmobiliario e IVA

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobó hoy la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que contempla más de treinta medidas normativas y se centra especialmente en combatir las tramas de IVA y en detectar los incumplimientos fiscales en el sector inmobiliario, según adelantó hoy el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.

El objetivo de la norma, que viene a complementar el plan del fraude fiscal puesto en marcha en 2005, es incorporar instrumentos o medios para descubrir a los defraudadores que no declaran y a los que ocultan rentas o ingresos. Por eso, gran parte de las medidas se dirigen a mejorar la investigación por parte de la inspección y a evitar la ocultación de rendimientos, ya sea a través de tramas de fraude o de paraísos fiscales.

Solbes, que indicó que el planteamiento del Gobierno para combatir la lucha contra el fraude se centra especialmente en perseguir a los que no declaran, destacó, entre las principales medidas de la norma, la obligatoriedad de que las escrituras de compraventa de inmuebles incluyan los medios de pago utilizados para poder ser inscritas en el registro de la propiedad.

También para perseguir el fraude en el sector inmobiliario, el proyecto de Ley contempla que los contratos de arrendamiento y los contratos de energía eléctrica incluyan la referencia catastral de la vivienda para detectar alquileres no declarados.

En materia de tributación por módulos, las facturas de empresarios en estimación objetiva a otros empresarios tendrán una retención del 3% para evitar facturas falsas, mientras que en IVA, se incorpora la responsabilidad subsidiaria de las empresas que adquieran mercancías a tramas de fraude en este impuesto y que obtengan un beneficio por el impago de impuestos.

MEDIDAS CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES.

Se incluyen, asimismo, medidas para que tributen las sociedades domiciliadas en paraísos fiscales cuando sus activos principales están en España. Igualmente, se establece que la revocación del NIF impida acceder a los registros públicos y no se puedan hacer abonos o cargos en las cuentas.

En operaciones vinculadas, la administración determinará el valor de la operación teniendo en cuenta los precios de mercado, salvo que la sociedad documente suficientemente el valor declarado.

En la misma línea y con el fin de exigir el pago de las deudas tributarias descubiertas a quien de verdad tenga el control efectivo de las sociedades ficticias, la administración tributaria podrá actuar sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

Finalmente, la Ley de Prevención del Fraude extiende al pago de las sanciones la responsabilidad solidaria de quienes colaboran en la ocultación o transmisión de bienes de un defraudador o incumplen las órdenes de embargo.