El texto sale adelante pese a la abstención de EA y pasará a debatirse en Juntas para su aprobación en el pleno del 30 de marzo
SAN SEBASTIAN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Guipúzcoa aprobó hoy un proyecto de reforma parcial del impuesto de sociedades que fija el tipo en el 28% y en el 24% para las pymes. El diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, reiteró su reivindicación del blindaje de la capacidad normativa de las Diputaciones porque, "en caso contrario", puede haber "una nueva dinámica de recursos que en poco o en nada favorece el normal desenvolvimiento de las instituciones y menos aún la serenidad con la que debe abordarse la gestión empresarial en el territorio".
La Diputación guipuzcoana llevó hoy el texto a su Consejo de Gobierno y resultó aprobado, pese a las abstenciones de los representantes de EA. Este pasará a debatirse en las Juntas Generales del territorio para su aprobación en el pleno del próximo 30 de marzo.
González de Txabarri, que compareció junto al diputado de Fiscalidad y Finanzas, Juan José Mujika, confió en conseguir en dos meses "ser capaces de constituir mayorías amplias y concitar los apoyos necesarios para poner en vigor dentro de este periodo de sesiones esta reforma del impuesto de sociedades en estos términos".
El diputado general recordó que la reforma del Impuesto de Sociedades "es un tema que está siendo tratado desde hace más de un año en el Organo de Coordinación Tributaria (OCT)" y que el acuerdo entre las instituciones forales se alcanzó el jueves de la semana pasada.
"El acuerdo en ese seno es unánime y adquiría el compromiso de presentarlo esta semana en los consejos de las diputaciones forales", explicó, para añadir que el no aprobarlo en el Consejo de hoy o en el del martes que viene "llevaba consigo que el ejercicio de 2007 fuese liquidado en Guipúzcoa con tipos superiores a los que se conocen en España en el territorio común".
A su juicio, "lo que no sería razonable es que, en este momento, el territorio común español conociera un tipo inferior a Guipúzcoa y estábamos en el umbral de esa situación".
Joan Joxe González de Txabarri recordó la aprobación por las Juntas Generales de Gipuzkoa de una propuesta de resolución instando a los grupos del Parlamento central a incorporar en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional las previsiones oportunas para que las normas forales puedan ser recurridas ante el TC.
En ese sentido, reiteró su reivindicación del blindaje de la capacidad normativa de las instituciones forales, instando "al Parlamento español a homologar las normas forales a leyes a efectos de recursos ante los tribunales".
"Dado el estado del trámite en el Congreso de los diputados del blindaje de estas normas y ante la posibilidad razonable de conocer en cascada un conjunto de recursos ante estos proyectos de norma se ha estimado más prudente acometer una reforma con mayor garantía jurídica y más acotada en los conceptos en los que está planteada", explicó.
MODIFICACIONES LIMITADAS
Por su parte, Mujika consideró que las modificaciones que se han realizado son muy limitadas y que la Diputación ha sido "muy conservadora" en ese aspecto porque es "la que necesitaban ahora las empresas".
Según explicó, la reforma del Impuesto de Sociedades "tiene en cuenta el escenario económico y social al inicio del siglo XXI, la globalización y la fuerte competencia internacional". De esta forma, se contempla una reducción en los tipos impositivos para "acercarlos a la media europea" con el fin de beneficiar especialmente a las pequeñas empresas. El coste de la reforma es de 81.102.095 euros.
Mujika destacó que se eliminan ciertas deducciones y bonificaciones que "han quedado obsoletas" y se "mejoran y consolidan" las más importantes. De este modo, se acercan los tipos impositivos nominales a los tipos efectivos, siguiendo la tendencia europea. Además, se crea un régimen especial de sociedades patrimoniales basado en la base imponible del ahorro del IRPF y en la neutralidad fiscal.
Entre otras cuestiones, se modifican las deducciones en I+D+i y la creación de empleo, y se añaden las de medio ambiente y otorgamiento del protocolo familiar, esta última para proteger la transmisión familiar de empresas. También se adecúan otros aspectos a parámetros europeos y se tiende a criterios armonizadores de la UE, "lo cual proporcionará una mayor seguridad jurídica a nuestros contribuyentes".
