MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, anunció hoy que Hacienda está valorando la posibilidad de excluir a las facturas de escasa cuantía de la nueva retención del 3% que contempla el anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal entre determinados profesionales que tributan en módulos.
Pedroche indicó, en un encuentro informativo, que las facturas que se encuentren por debajo de un importe concreto aún por determinar es muy probable que queden exentas de dicha retención, ya que, según explicó, esta medida no tiene un afán recaudatorio, sino que trata de identificar el uso de facturas falsas para practicar la correspondiente devolución de IVA.
Pedroche señaló que la nueva retención, que se aplicará exclusivamente en el caso de facturas que expidan los contribuyentes de módulos a otros empresarios o profesionales --nunca en operaciones con consumidores o clientes--, recaerá sobre el profesional que emita la factura y será él quien deberá presentar una declaración informativa donde dará cuenta de las retenciones practicadas.
Otra de las medidas que contempla el anteproyecto de ley, que desde hoy permanecerá 25 días en información pública antes de ser aprobado por el Gobierno y enviado al Congreso, es la responsabilidad subsidiaria de las empresas que adquieran mercancías a tramas y que obtengan un beneficio extraordinario por el impago de impuestos.
Pedroche aseguró que esta medida, que ya existe en otros países de la Unión Europea y está dando resultados "satisfactorios", no plantea ningún problema de inseguridad jurídica porque es la propia administración la que establece dicha responsabilidad.
De la misma manera, rechazó que la nueva potestad de la AEAT para actuar sin necesidad de recurrir a la vía judicial para exigir el pago de deudas descubiertas a quien verdaderamente tenga el control de las sociedades ficticias plantee un problema de este tipo.
REFERENCIA CATASTRAL.
Asimismo, el anteproyecto, que según las previsiones de Hacienda entrará en vigor en el primer semestre del año tras su tramitación parlamentaria, contempla la obligación de que los contratos de arrendamiento y los de energía eléctrica incluyan la referencia catastral de la vivienda, con el fin de aflorar alquileres no declarados.
Según Pedroche, esta iniciativa obligará a las empresas suministradoras de electricidad a ir incorporando en sus contratos dicha referencia y, para ello, la ley contemplará un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para que estas empresas puedan ir adecuando los contratos antiguos a esta nueva exigencia.
Otra de las medidas principales que platea el anteproyecto y que va dirigida al sector inmobiliario es la obligación de que las escrituras públicas de compraventa de un inmueble incluyan los medios de pago utilizados para que se inscriban en el Registro de la Propiedad, con el fin de que no se paguen los inmuebles con dinero negro.
PARAISOS FISCALES.
Igualmente, con el objetivo de evitar el fraude a través de paraísos fiscales, el anteproyecto de ley considera residentes en España a las entidades o sociedades radicadas en un paraíso fiscal cuando su actividad o activos principales estén en España.
Al mismo tiempo, el depositario o gestor de bienes o derechos no afectos a un establecimiento permanente de personas o entidades residentes en paraísos fiscales será responsable de la deuda tributaria sin que sea necesario el acto administrativo previo de derivación de responsabilidad.
Para evitar simulaciones de precios o pagos a través de operaciones vinculadas, la nueva ley señala que la Administración determinará el valor de la operación teniendo en cuenta los precios de mercado, salvo que la sociedad documente "suficientemente" el valor declarado.
Por último, el anteproyecto extiende al pago de las sanciones la responsabilidad solidaria de quienes colaboran en la ocultación o transmisión de bienes de un defraudador o incumplen las órdenes de embargo.
Pedroche señaló que toda esta batería de medidas permitirá avanzar en la eficacia de los resultados del Plan de Prevención que se puso en marcha en febrero del pasado año y que está dando resultados "razonablemente buenos". La aprobación de estas medidas --añadió-- contribuirá a dotar a la administración tributaria de mecanismos jurídicos que le ayuden a mejorar los resultados de control del fraude.