MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los notarios enviaron al Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales más de 3.000 operaciones con riesgo de estar relacionadas con alguna actividad de blanqueo de capitales durante el pasado año, según datos del Gobierno a los que tuvo acceso Europa Press.
De este total, 126 fueron comunicadas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, por detectarse indicios o sospechas más contundentes de blanqueo de capitales. Además, el Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales recibió en el último año más de 1.200 peticiones de información de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.
El Gobierno afirma que este nuevo órgano ha permitido canalizar la colaboración del Notariado con el SEPBLAC y con las autoridades judiciales y administrativas competentes, facilitando al mismo tiempo la labor individual del notario.
"Tras un año de andadura, el Órgano de Blanqueo de Capitales ha demostrado ser una herramienta extraordinariamente eficaz para impedir o dificultar que las redes organizadas utilicen las notarías para introducir en el sistema dinero procedente de actividades delictivas", añade el Ejecutivo.
El desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, aprobada en 2003, amplió sustancialmente el elenco de sujetos obligados a prestar información, tales como notarios, abogados y procuradores. Así, estos colectivos están obligados desde entonces a identificar a los clientes en el momento de entablar relaciones de negocio, así como a las personas por cuenta de las cuales actúan.
LOS NOTARIOS OBLIGADOS A INFORMAR.
También deben conocer la naturaleza de las actividades profesionales o empresariales que llegan a sus notarías, y tienen la obligación de conservar los documentos identificativos de los clientes, con el fin de comunicar al SEPBLAC cualquier hecho u operación sobre el que exista indicio o certeza de estar relacionado con el blanqueo de capitales.
"Los notarios ya no son meros espectadores de las operaciones mercantiles de las que dan fe, sino que si ven operaciones extrañas o sospechosas de esconder delitos, están obligados a facilitar toda la documentación que posean a este organismo", reitera el Gobierno.
Para facilitar la colaboración de notarios y abogados, el Ejecutivo, junto con distintos colectivos profesionales, aprobó los llamados 'Catálogos de Operaciones de Riesgo', que ofrecen ejemplos de operaciones susceptibles de estar particularmente vinculadas con el blanqueo de capitales, con el fin de que puedan estar sometidas a una vigilancia especial en función de sus distintas líneas de negocio o del perfil de sus diferentes tipos de clientes.
El Gobierno afirma que con estos catálogos se trata, por un lado, de detectar las operaciones sospechosas antes de que se lleven a cabo, al objeto de evitar que los fondos de procedencia ilícita se introduzcan en el sistema y, por otro lado, de profundizar en el análisis de las operaciones sospechosas cuando resulte imposible detectarlas previamente.
