Economía/Fiscal.-El Supremo confirma diez años de cárcel para el ex inspector de Hacienda de Barcelona Alvaro Pernas

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 10 años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia de Barcelona al ex inspector de Hacienda de la Delegación de Cataluña Alvaro Pernas Barro, por cobrar 360.607 euros (60 millones de pesetas) a un constructor barcelonés a cambio de falsear en 1998 cinco actas de inspección que ocultaron una deuda fiscal de la empresa de 2,4 millones de euros. Fue el primer caso juzgado de la trama de corrupción destapada hace tres años en dicha Delegación.

Pernas ve confirmada además la condena a 15 años de inhabilitación y al pago de una multa de 820.214 euros. El Supremo sólo corrige la sentencia de la Audiencia barcelonesa, dictada en septiembre de 2002, en relación al empresario beneficiado por Pernas, Baltasar Aznar, dueño de la constructora Metro 3, S.A., a quien mantiene los cuatro años y medio de cárcel impuestos en primera instancia, pero absuelve del delito de omisión del deber de perseguir delitos --por el que fue condenado a 15 meses de inhabilitación--, argumentando que "es de todo punto imposible condenar a una persona por no instar la persecución de delitos por ella cometidos".

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza íntegramente el recurso presentado por Pernas, quien se encuentra en prisión desde el 22 de enero de 2001, y destaca que no cometió una simple irregularidad formal, "sino una consciente y deliberada alteración de la realidad (por cierto llamativa y escandalosa), al dejar de consignar unos datos de relevancia tributaria, que el inspector de sobra sabía que era preciso constatar".

"Su omisión, según hechos probados, podía constituir delito, y para su ocultación solicitó una dádiva de 60 millones, que el obligado tributario, coacusado en el proceso, entregó en su momento al inspector", añade el Supremo. Pernas es condenado como autor de delitos de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos oficiales, y omisión del deber de perseguir determinados delitos.

Por su parte, Baltasar Aznar, socio mayoritario de Metro 3, la inmobiliaria beneficiada por Pernas, cometió delito de cohecho activo y falsedad en documento oficial. Pernas y Aznar tendrán que indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Hacienda Pública por los perjuicios causados por sus delitos en la cuantía que se fije en ejecución de sentencia. Además, el dueño de Metro 3 tendrá que pagar una multa de 209.000 euros.

La Audiencia de Barcelona, en la sentencia ahora confirmada, absolvió al subinspector de Hacienda Fabián Gómez Molina, subordinado de Pernas; al asesor fiscal de Metro 3 Ricardo Valera.

CORRUPCION EN HACIENDA

Esta fue la primera sentencia que se dictó por el caso de la trama de corrupción descubierta en la delegación de Hacienda de Barcelona y que implicó a otra media docena de inspectores tributarios acusados de dar un trato de favor fiscal a empresarios de renombre como el ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez. Entre los presuntos implicados estaba el ex delegado de Hacienda en Catalunya Ernesto de Aguiar y ex jefe de la Inspección José María Huguet.

De acuerdo a la sentencia, Pernas, responsable de la unidad dedicada al sector inmobiliario de la Inspección de Hacienda en Cataluña, tras investigar a Metro 3, advirtió a Baltasar Aznar de "las funestas consecuencias" que para su empresa y para él tenía dicha inspección, ya que demostraba la comisión de uno o varios delitos.

Posteriormente, a través de un corredor de comercio, Pernás transmitió a Aznar que el asunto se "arreglaría" si le pagaba 60 millones de pesetas, dinero que el empresario desembolsó, consumando el soborno.

El 30 de noviembre de 1998, Pernas confeccionó y firmó actas de conformidad relativas al impuesto de sociedades y al IVA de Metro 3 de los ejercicios 1991-96, por las que la inmobiliaria debía pagar unos 72.121 euros (12 millones de pesetas) a Hacienda. Aznar rubricó los documentos el mismo día.

Nueve días después, el inspector jefe regional de Hacienda, José Luis Prada, anuló esas actas, nombró un nuevo actuario y retiró a Pernas de la inspección de inmobiliarias. En mayo de 1999, la nueva inspección concluyó con otras actas de conformidad por poco más de 90.151 euros (15 millones de pesetas) en varios conceptos, pero un año y medio después, cuando se descubrió la trama de supuesta corrupción en Hacienda, se supo que Pernas había escondido varias cajas con documentos contables de Metro 3 en el despacho de un amigo situado en la Travessera de Gràcia de Barcelona.

El definitivo peritaje de esa contabilidad, que es el que ha servido para juzgar el caso, elevó la deuda fiscal de Metro 3 a 453 millones de pesetas.

La sentencia del Supremo concluye la pieza separada referida a Pernas del caso investigado desde 1999 por el Juzgado número 33 de Barcelona por la supuesta trama de corrupción de Hacienda en Cataluña, en la que están imputados, entre otros, el ex delegado de Hacienda en Cataluña Ernesto de Aguiar y el ex jefe de la inspección José María Huguet. El ponente de la resolución del Supremo ha sido el magistrado José Ramón Soriano.