MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
UGT advirtió hoy de que el Estado de Bienestar español se vería "amenazado" por una nueva disminución de impuestos, necesarios para incrementar el gasto social, especialmente en España, donde se encuentra casi 10 puntos por debajo del promedio de la UE-25.
El sindicato indica en un comunicado que la presión fiscal en España está cinco puntos por debajo de la media europea (40,3% frente a 45,4%), al tiempo que el gasto español en protección social se aleja más de siete puntos de la UE-25 (un 20% del PIB en España y un 27,3% en la UE).
De esta forma, el sindicato critica la "carrera" por la reducción de impuestos lanzada desde los dos principales partidos políticos, PSOE y PP. Ayer mismo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció que si los 'populares' ganan las próximas elecciones generales, llevarán a cabo una rebaja fiscal, que tendrá un coste para las arcas públicas de 20.000 millones de euros.
Según el sindicato de Cándido Méndez, España debe hacer un "esfuerzo sostenido adicional" en las políticas de gasto, "imprescindible" para avanzar en el desarrollo tanto económico como social de España con el fin de alcanzar los niveles europeos. "Cuanto menor es la recaudación global derivada de impuestos y cotizaciones sociales, menor es el grado de cobertura de sus necesidades básicas", añade.
Por ello, considera que una nueva reducción de impuestos supondría un "riesgo" para el cumplimiento de los principios básicos del modelo fiscal español, consagrados en la Constitución y que son garantizar la suficiencia de la recaudación, la generalidad de las aportaciones y la equidad.
RENTAS DEL TRABAJO.
Además, critica que los trabajadores son la principal fuente de recaudación impositiva. Así, los ingresos recaudados vía impuestos proceden fundamentalmente de las rentas del trabajo, que han perdido tres puntos en su peso en el PIB entre 2000 y 2006, frente a las rentas del capital, que han ganado dos puntos en este mismo periodo.
En este sentido, UGT exige un "mayor grado de justicia social distributiva" mediante un modelo fiscal que garantice la suficiencia para financiar las políticas de gasto, la equidad y la progresividad. Junto a ello, apuesta por "intensificar" la persecución del fraude fiscal.
Finalmente, propone "elevar el potencial recaudatorio" de España para sustentar financieramente las inversiones que precisa el cambio de modelo productivo y el mantenimiento del crecimiento del empleo en el futuro, así como para conseguir una mejora del sistema de servicios públicos y protección social.