BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona empezó a juzgar hoy
al ex administrador de Codorníu Manuel Raventós Artés y a tres
acusados más, a los que el fiscal acusa de un delito contra la
Hacienda Pública por el que solicita inicialmente dos años de cárcel
para Raventós y un año y medio para los otros tres presuntos
implicados en el presunto fraude.
Además, el ministerio público pide para el ex administrador de
Codorníu una multa de 480.809 euros y exige que la empresa indemnice
a Hacienda con los 338.844 euros presuntamente defraudados como
responsable civil directa.
Los abogados defensores alegaron hoy antes de la declaración de los
acusados que el delito por el que están acusados los procesados ha
prescrito y también se quejaron de forma unánime de la "dejación de
la administración" en este asunto. Uno de los abogados aportó una
sentencia del Tribunal Supremo referente a un caso similar del que
fue exculpado recientemente el ex juez Pascual Estevill, al haber
prescrito dicho delito.
Sin embargo, tanto el fiscal como el abogado del Estado, éste
último acusa a una quinta persona por estos hechos --Julio Bonet--,
alegaron que el tipo de fraude fiscal imputado a los acusados tiene
una prescripción de cinco años, por lo que, en su opinión, los hechos
no han prescrito, ya que la Fiscalía acusó a los procesados antes de
este plazo de tiempo.
El tribunal decidió resolver estas cuestiones previas en
sentencia, momento en el que se pronunciará sobre si el delito había
prescrito cuando actuó la Fiscalía. Tras estas cuestiones, esta
mañana empezaron a declarar los procesados.
Según el relato fiscal, Manuel Raventós actuó de forma "concertada
y consciente" con los también acusados José Cisa, Guillermo Jarque y
Carlos Folchi Bonafonte --hermano del abogado Juan José Folchi--,
responsables de varias empresas "testaferro" utilizadas,
presuntamente, para "distraer" el pago del Impuesto de Sociedades.
El primer acusado en declarar hoy fue Manuel Raventós, quien
aseguró "no recordar" muy bien los hechos por los que está acusado,
pero negó que hubiera vendido acciones de la empresa. Según el
ministerio público, Codorníu estableció en sus estatutos el ejercicio
social no correspondiente al año natural, de modo que dicho ejercicio
estaba comprendido entre el 1 de julio de 1990 y el 30 de junio de
1991 y el período de tributación voluntaria expiraba el 25 de enero
de 1992.
Aprovechando este "desfase tributario", Codorníu dejó de tributar
la cuota correspondiente a la venta de 17.000 acciones a la empresa
National Carrier Storage and Distribution S.A. con un beneficio de
1,112 millones de euros. Para ocultar esa "plusvalía", el ministerio
público asegura que Codorníu vendió dichas acciones a una empresa
instrumental, Inracosa, propiedad del acusado José Cisa, apoderado de
Codorniu, por un valor muy inferior el 12 de julio de 1990.
Según el fiscal, la empresa Inracosa acordó ante notario la venta
de las acciones mediante una "opción de venta irrevocable" a la
"verdadera compradora", la empresa National Carrier Storage por un
valor de 1,13 millones de euros.
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10-Jun-2002 16:50:05
(EUROPA PRESS)
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