MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
Los Grupos Parlamentarios han presentado en el Congreso un total de 70 enmiendas al proyecto de ley reguladora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aunque la formación mayoritaria en la Cámara, el PP, tan sólo ha registrado dos y de carácter técnico.
Este proyecto de ley convierte a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un organismo autónomo, que prestará servicio a la vez a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas.
La primera de las enmiendas de los 'populares', a la que ha tenido acceso Europa Press, hace referencia a la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude que creará la Inspección de Trabajo para impulsar y coordinar medidas de lucha contra el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
En su enmienda, el PP añade un párrafo al texto original para que esta Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude pueda "tramitar y resolver" los procedimientos sancionadores iniciados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, de acuerdo a lo que se disponga reglamentariamente.
En la segunda de sus enmiendas, los 'populares' precisan que para acceder a la Escala de Empleo y Seguridad Social del Cuerpo de Subinspectores Laborales sólo se exigirá el título universitario de graduado o equivalente, si bien a partir de enero de 2019 será necesario que dicha titulación esté adscrita a las ramas de ciencias sociales y jurídicas.
De las otras 68 enmiendas presentadas al proyecto de ley de la Inspección, las más numerosas han sido registradas por la Izquierda Plural (21 enmiendas), PSOE (16) y CiU (15), mientras que UPyD ha presentado ocho, PNV seis y BNG, dos.
En su bloque de enmiendas, el PSOE también hace referencia a la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude para proponer que este órgano integrado en la Inspección también se encargue de combatir el fraude en la contratación y abusos en las condiciones de trabajo.
La idea, apuntan los socialistas, es que esta Oficina vele por el cumplimiento de toda la normativa laboral, no sólo de aspectos relacionados con la Seguridad Social y el Empleo. "Se trata de evitar que esta futura ley ordenadora se convierta en una herramienta de simple control de los aspectos de orden público del mundo social", alega el PSOE.
Otra de las enmiendas del principal partido de la oposición pasa por establecer ratios para determinar un mínimo de inspectores y subinspectores por cada comunidad autónoma, basándose en indicadores de población activa, empleada y desempleada, siniestralidad laboral y extensión territorial.
