MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han lanzado este martes un "ultimátum" al Gobierno para que apruebe antes del 31 de julio un sistema efectivo de control y registro horario de la jornada laboral y han advertido de que, de no hacerlo, los sindicatos no participarán en futuros acuerdos que después no se materialicen.
En una rueda de prensa conjunta, Sordo ha señalado que el 31 de julio "o está resuelto todo lo que tiene que ver con un sistema efectivo del registro del control horario o que con las organizaciones sindicales no vuelvan a contar para acuerdos que luego no se van a cumplir".
Sordo ha señalado que los sindicatos asumieron con "realismo" la imposibilidad de sacar adelante la reducción de la jornada laboral por la falta de apoyos parlamentarios, pero ha defendido que existen mecanismos legales para implantar un control horario efectivo.
"Ya vale de estar mareando la pelotita, ya vale de juego de trileros", ha afirmado el dirigente sindical, que ha reiterado el ultimátum al Ejecutivo para que la medida esté "encima de la mesa" antes de finales de julio.
El ultimátum afecta también al compromiso del Gobierno para limitar la compensación y absorción de determinados complementos salariales con las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI).
Los dirigentes sindicales han querido dejar claro que el mensaje no va dirigido a un ministerio concreto ni a una parte del Ejecutivo. "El Gobierno es uno", ha señalado Sordo, indicado que "cuando el Gobierno llega a un compromiso con los sindicatos, llega el Gobierno. No es ni a Carlos Cuerpo, ni a Yolanda Díaz, es al Gobierno".
En la misma línea, Álvarez ha defendido que el Ejecutivo debe asumir colectivamente los compromisos que suscribe en el diálogo social y ha subrayado que tiene "que cumplir" lo que firman sus miembros.
NO ABANDONARÁN LAS MESAS, PERO NO FIRMARÁN MÁS ACUERDOS SIN BOE
No obstante, ambos dirigentes han descartado abandonar las mesas de negociación o romper el diálogo social. "No es una cuestión de no ir a mesas o de decir 'me enfado y dejo de respirar'", ha señalado Sordo, añadiendo que es una cuestión de que no van a volver a suscribir ningún acuerdo con el Gobierno que "no se vea luego reflejado en el BOE o en el marco legal que sea".
Por su parte, Álvarez ha subrayado que "costó tanto conseguir" las mesas de diálogo social que "normalmente no es bueno dejarlas". "No es una cuestión de dar pataletas por dar pataletas, pero si lo que negociamos, si lo que acordamos, no ve la luz, nosotros no jugamos a ese juego", ha advertido.
En esta línea, el secretario general de UGT ha recordado además que el diálogo social se ha convertido en una de las señas de identidad del modelo español.
Con ello, los sindicatos han insistido en que el problema no es el recorrido administrativo de las medidas, sino la falta de resultados. "Ni sé ni me importa dónde está enganchado", ha señalado Álvarez, quien considera que son problemas que tiene que resolver el Gobierno, al ser preguntado por la situación del expediente del registro horario y la posibilidad de que vuelva al Consejo de Estado. "Lo que queremos es acción y solución. Boletín Oficial del Estado", ha resumido.
Álvarez ha criticado además el dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre el registro horario y ha asegurado que la empatía del organismo con los trabajadores "ha sido cero".
Sordo, por su parte, ha asegurado que el dictamen es preceptivo, pero no vinculante, por lo que la situación responde a una cuestión de voluntad política.
EL GOBIERNO DA EXCUSAS A LA PATRONAL
Por otro lado, los dirigentes sindicales consideran que la falta de avances en estas materias está proporcionando argumentos a las patronales para retrasar acuerdos salariales y bloquear convenios colectivos.
Sordo ha asegurado que la patronal utiliza estas cuestiones como "excusas de mal pagador" para evitar asumir mayores incrementos salariales. No obstante, ha reconocido que el Gobierno está contribuyendo a alimentar esas posiciones.
El líder de CCOO ha defendido que existen márgenes suficientes para incrementar los salarios y ha asegurado que las organizaciones empresariales son conscientes de ello. "Esto no es una cuestión técnica, esto no es una cuestión neutra, esto es una cuestión de interés de parte y de interés de clase, aunque suene muy viejuno decirlo", ha señalado.
Álvarez también ha apuntado a la responsabilidad de la patronal en el retraso de algunas medidas y ha señalado que cree que la CEOE "disimula mucho", pareciendo que "están muy enfadados con el Gobierno", pero que, cuando "hay un tema de estas características, aparece la mano oscura que hace que todas estas cuestiones sean tan difíciles que finalmente no vean la luz en el BOE", ha afirmado.
En relación con la compensación y absorción de pluses, el dirigente de UGT ha defendido que determinados complementos, como la antigüedad o la penosidad, no deberían neutralizar las subidas del salario mínimo.
Álvarez ha asegurado además que el compromiso del Gobierno sobre esta cuestión fue determinante para cerrar el último acuerdo sobre el salario mínimo. "Si no hay compensación y absorción, yo no hubiera firmado la ley en las condiciones en las que se firmó", ha afirmado.
MALESTAR POR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL
Más allá del registro horario, ambos dirigentes han mostrado su malestar por el funcionamiento reciente del diálogo social y la relación con el Ejecutivo.
Álvarez ha asegurado que los sindicatos conocieron las últimas medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros a través de los medios de comunicación este mismo lunes.
Asimismo, ha lamentado que el Gobierno negocie con "los sectores", entendidos como empresas, dejando al margen a las organizaciones sindicales.
Por ello, ha reclamado al Ejecutivo que practique el diálogo social si quiere seguir apelando a él como uno de los elementos diferenciales del país. "Si quiere poder continuar utilizando la palabra consenso y diálogo, lo tiene que practicar", ha concluido.
Sordo también ha criticado la gestión del Gobierno en materia de vivienda y ha considerado que las medidas anunciadas hasta el momento son "netamente insuficientes" para hacer frente al problema.
Asimismo, ha advertido de un posible incremento de la conflictividad laboral en sectores de cuidados y ha defendido que las nuevas transferencias públicas previstas para estos ámbitos deben traducirse en mejoras salariales para las plantillas.