UGT propone que la reforma del Estatuto asturiano contemple el reconocimiento de la función de los sindicatos

Actualizado: miércoles, 19 septiembre 2007 15:01

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, dijo hoy en Oviedo que su organización tiene previsto un calendario de reuniones con los Grupos de la Junta General del Principado y Partidos Políticos para exponerles su propuesta para la reforma del Estatuto, que incluye el "reconocimiento estatutario de la posición y funciones institucionales de las organizaciones sindicales".

Rodríguez Braga ofreció hoy una rueda de prensa de UGT para presentar el documento 'Un nuevo estatuto, una nueva sociedad. El Estatuto Social de la Asturias del Siglo XXI', elaborado por el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, la profesora Asociada de Derecho Constitucional, María Valvidares, la coordinadora de Servicios Jurídicos de UGT Asturias, Marina Pineda y el secretario de Política de Empleo y Acción Institucional, Pedro García Rodríguez, que también estuvieron presentes en el acto de hoy.

El documento supone la "aportación" de UGT al "crucial debate" sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Rodríguez Braga señaló que el documento ha de reconocer el papel de los agentes sociales como representantes, defensores y garantes de los derechos laborales y sociales de los trabajadores asturianos.

Así, el documento de UGT señala que la función de los sindicatos ha de ser reconocida no sólo como de reivindicación y defensa de los trabajadores, sino como "instrumentos de garantía".

El nuevo Estatuto, según UGT, ha de recoger el derecho de las organizaciones sindicales a ejercer sus funciones en los ámbitos de concertación social, la negociación colectiva, la participación social, las relaciones laborales, la intermediación en el mercado de trabajo, la gestión y control de políticas de empelo, la vigilancia, control y sanción en materia de empleo y riesgos laborales.

Indicaron que deberá recogerse el derecho de las centrales "a ser oídos en todo cuanto afecte al desarrollo y progreso económico-social de la región y a participar de forma tripartita y paritaria en la gestión de las instituciones creadas para la aplicación de políticas sociales y laborales". En este sentido, el documento de UGT ese reconocimiento debe complementarse con la promulgación de una ley asturiana de participación institucional.

CONTENIDO SOCIAL

La propuesta de UGT señala que el Título Preliminar del Estatuto debe incorporar un capítulo específico de Derechos Sociales y Principios Rectores de las Políticas Sociales y Económicas del Principado de Asturias. En ese capítulo deberá recogerse los principios básicos de actuación de los poderes públicos asturianos en materia socioeconómica.

Entre los principios que deben ser objeto preferente de los poderes públicos enumeraron la protección de las colectivos desfavorecidos, las políticas de igualdad, los servicios públicos de calidad, los principios e cohesión y bienestar social, el derecho "a la buena administración", las políticas públicas en materia de educación, cultura ciencia e investigación y nuevas tecnologías, y medios de comunicación públicos.

También señalaron que el Estatuto ha de recoger la mejora del ámbito económico, el empleo de calidad, la concertación social, la protección del medio ambiente, las políticas públicas de vivienda y un "decidido fomento" de la cooperación al desarrollo.

El nuevo Estatuto debe contener un mandato de "implicación" de la Administración Pública Asturiana en la búsqueda de alternativas que vinculen los procesos productivos, el empleo y la cohesión territorial para "neutralizar en lo posible los efectos de la deslocalización".

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En materia de medios de comunicación, la propuesta de UGT destaca el "trascendente papel" que los medios de comunicación desempeñan en cuanto instrumento de participación ciudadana.

Por esa razón, el nuevo Estatuto deberá contener un mandato a los poderes públicos de "velar" por la objetividad, pluralidad y fácil acceso de todos los ciudadanos a los medios de comunicación de titularidad pública.