Economía/Legal.- La defensa de Pilar Giménez-Reyna insiste en que nunca tuvo poderes en Gescartera

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la presidenta de Gescartera Pilar Giménez-Reyna, Agustín Tornos, pidió hoy al Tribunal Supremo su libre absolución al considerar que "nunca tuvo poderes" en la agencia de valores y que su cargo era "simplemente decorativo", durante la exposición de su recurso de casación a la condena.

"Nunca tuvo poderes de actuación, ni notariales, ni de un banco, nada, todos se concentraban en los dos principales acusados", afirmó su abogado, Agustín Tornos.

El letrado alegó que las anotaciones en las agendas que reflejaban que su defendida había recurrido a su hermano, el ex secretario de Estado de Economía y Hacienda Enrique Giménez-Reyna, para evitar la intervención de la agencia de valores no son suficientes para fundamentar su condena.

"La Sala no indica en ningún momento cuáles son esas anotaciones concretas que demuestran que Giménez-Reyna tenía conocimiento de lo que sucedía", afirmó el abogado, en referencia a los hechos probados de la sentencia de 27 de marzo de 2008 dictada por la Audiencia Nacional, que la condenó a tres años y seis meses de cárcel por complicidad en delito continuado de apropiación indebida por el desvío de 87,9 millones de euros de Gescartera.

En las agendas, correspondientes a 1999, Giménez-Reyna anotó cómo había contactado con su hermano para que intercediera ante la entonces consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Pilar Valiente para evitar la intervención.

En ese momento, Enrique Giménez-Reyna era el director general de Tributos, cargo que ostentó hasta mayo de 2000 y tras el cual fue nombrado secretario de Estado de Hacienda, del que dimitió por el 'caso Gescartera'. Valiente era consejera del organismo regulador bajo la presidencia de Juan Fernández-Armesto, a quien posteriormente sustituyó en el cargo, del que dimitió por el 'caso Gescartera'.

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

Por su parte, la defensa del 'número dos' de Camacho, José María Ruiz de la Serna, alegó vulneración de los derechos fundamentales, al considerar que "no se podía saber la situación patrimonial de Gescartera antes de 1998", ya que los informes periciales elaborados por el Banco de España y la Agencia Tributaria, en los que se apoya la condena, sólo recogen los movimientos de cuentas realizados entre 1998 y 2001.

Ruiz de la Serna fue condenado a 10 años y seis meses de cárcel. El abogado del responsable de la comercial de Gescartera Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, condenado a 9 años de prisión por los mismos delitos, consideró que se vulneraron los derechos fundamentales y de la tutela judicial efectiva ya que no tuvieron acceso a las diligencias "hasta la celebración del juicio oral".

Por último, las defensas del asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, y del apoderado de Gescartera, Francisco Javier Sierra de la Flor, ambos condenados a seis años de cárcel por delitos continuados de apropiación indebida, pidieron la libre absolución al considerar que no ha quedado suficientemente probada su actuación como testaferro o receptor de dinero de Gescartera, respectivamente.