SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Feb. (ACN PRESS) -
El Tribunal sobre la Ley del Mar ha hecho pública su decisión de
penalizar la pesca pirata. Según apuntan desde la organización
ecologista Greenpeace, "ésta es una clara señal para las flotas
pirata y los países pesqueros que abanderan con sus pabellones de
conveniencia, como Panamá, advirtiéndoles de que si se les encuentra
pescando ilegalmente en aguas de otro país, pagarán su precio".
No obstante, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha
adoptado una serie de resoluciones condenando la pesca pirata, entre
las que destaca la celebración de una reunión en octubre, a la que
asistirán más de 100 países para negociar un acuerdo internacional
para solucionar este problema.
De acuerdo con la Ley Internacional de Pesca, solamente el Estado
de abanderamiento - el país que da bandera a un buque - puede hacer
que éste cumpla la normativa en aguas internacionales, y puede
emprender acciones contra un pesquero que faene ilegalmente en estas
aguas.
El director ejecutivo de Greenpeace en España, Xavier Pastor,
explica que "los países de bandera de conveniencia expiden sus
banderas a cambio de una cuota para los armadores, y, por tanto, las
empresas que se acogen a este sistema saben que las naciones que los
aglutinan no querrán controlar su actividad".
"En consecuencia, los armadores quedan en total libertad para poder
pescar en aguas internacionales violando cualquier ley o normativa
pesquera", deduce Pastor.
De este modo, Greenpeace solicita una iniciativa inmediata para
que, antes de fin de año, el Consejo de Ministros de la Unión Europea
adopte la legislación obligatoria sobre Seguridad Marítima, "que
debería incluir un incremento de la obligación de inspecciones en los
puertos y control sobre las sociedades de clasificación, la abolición
de las banderas de conveniencia, el cierre de los puertos a los
barcos que se acojan a este sistema, así como el bloqueo de mercado a
sus productos", añadió Pastor.
1.200 PESQUEROS INDUSTRIALES
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), el problema de la pesca ilegal está creciendo,
pues la flota con banderas de conveniencia se está incrementando en
todo el mundo, lo que supone una amenaza para la vida en los océanos
y a la biodiversidad marina.
Greenpeace calcula que pueden existir unos 1.200 pesqueros
industriales faenando bajo este sistema. La asociación ecologista
indica que "un informe hecho público por el Servicio Marítimo de
Lloyds revela que Panamá, Honduras, Belice y San Vicente, y Las
Granadinas son los mayores infractores, con aproximadamente 1.000
pesqueros registrados.
Otros países responsables son Estados Unidos, Japón y los
pertenecientes a la Unión Europea". Precisamente en estos países,
continúa el comunicado de Greenpeace, "donde residen las empresas
propietarias de los barcos de banderas de conveniencia, y donde,
además, el pescado capturado ilegalmente es importado con pocas
restricciones".
Para el responsable de la campaña de Pesca, Arnau Mateu, "los
buques bajo banderas de Belice, Honduras o Panamá han afectado
considerablemente la capacidad de gestión de los organismos pesqueros
internacionales para que estos pudieran asegurar una gestión
sostenible de los recursos".
"Pese a que se calcula que los pesqueros con banderas de
conveniencia representan un 10 por ciento de la flota mundial, estos
suponen un grave impacto y comprometen seriamente la explotación
sostenible de los recursos marinos", estima Mateu.