Recurso de una sede de Hacienda - Agencia Tributaria en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos ha reclamado en el Congreso que las empresas puedan recuperar IVA ya ingresado pero no cobrado todavía cuando el impago de la factura supere los límites legalmente previstos en la Ley de Morosidad, que fija plazos en 30 o 60 días para abonar una factura.
Para la formación naranja, la obligación de ingresar a Hacienda el IVA repercutido pero aún no cobrado "genera importantes e injustificadas tensiones de tesorería" en empresas que, en un momento de crisis económica "se agudizan de manera dramática".
En una proposición no de ley recogida por Europa Press, se aboga por modificar la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para acortar los plazos en los que las empresas pueden recuperar IVA ya ingresado tras el impago de una factura.
Su propuesta pasa por considerar un crédito como parcial o totalmente incobrable desde el momento en el que haya transcurrido desde el devengo del impuesto el plazo máximo de pago establecido en la normativa que resulte de aplicación, y no se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.
QUE NO HAGA FALTA RECLAMACIÓN JUDICIAL
Ahora, critican se exige entre otros requisitos que hayan transcurrido al menos seis meses desde el devengo, o un año en caso de grandes empresas, y que se hayan instado al cobro mediante reclamación judicial, requisitos "gravosos", según lamentan, "que aumentan considerablemente los costes de gestión administrativa de las facturas impagadas y alargan extraordinariamente en el tiempo la recuperación de un IVA ya ingresado pero aún no cobrado".
Por otro lado, Cs también aboga por eliminar el umbral mínimo de 300 euros para poder modificar la base imponible del impuesto, y por tanto recuperar el IVA ya ingresado, cuando el destinatario sea un particular que no actúa como empresario o profesional, pues cree que la actual redacción deja fuera muchas operaciones diarias de pequeños negocios.
Por último, también piden sustituir la obligación de que el sujeto pasivo haya instado a su cobro mediante reclamación judicial o por medio de requerimiento notarial, por una reclamación fehaciente que pueda acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.