Montero trabaja para aprobar los PGE y avisa que aprobará solo lo "jurídicamente posible" si hay prórroga

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este lunes que continúa trabajando para poder aprobar los Presupuestos de 2019 tras el puente de la Constitución, para lo que ha pedido a PP, Cs y los partidos nacionalistas que abandonen su posición de "inmovilismo" y negocien. En caso de prórroga, ha aclarado que solo se podrán aprobar las cuestiones que "jurídicamente sean posibles", por lo que he instado a las CCAA a pedir a sus formaciones que apoyen las nuevas cuentas para que vean la luz las entregas a cuenta y los 2.500 millones del mes de IVA perdido.

En declaraciones a los periodistas antes de clausurar el acto de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el 40º aniversario de la Constitución, en el Museo de la Casa de la Moneda, Montero ha explicado que está trabajando de forma "intensiva" en la elaboración de los PGE, pese a que el resto de formaciones por ahora "no han tenido ningún pronunciamiento distinto".

"Estamos intentando mover la posición del PP, Cs y de nacionalistas para que el país cuente con unas cuentas públicas que permitan que la recuperación económica la vivan las familias", ha apostillado Montero, quien ha criticado que las formaciones estén aún "más interesadas en hablar de otras cuestiones o en no hablar que en debatir sobre cómo mejorar Sanidad, Educación, Dependencia, pensiones o salarios".

Por ello, ha vuelto ha hacer un llamamiento para que las formaciones se muevan de su posición "inmovilista" de las últimas semanas, y ha rechazado que haya una pérdida de confianza de los socios de Pedro Sánchez en la moción de censura, sino que, ha dicho, cada formación pone en el centro del debate aquello que cree prioritario y, en este caso, "no coincide con este Gobierno", que prima el bienestar de los ciudadanos y el blindaje del Estado de bienestar.

Según Montero, hay "planos distintos" y cuestiones que "desde el primer día" el Ejecutivo ha dicho que no hablaría, como "interferir en procesos judiciales ni en ninguna cuestión que en estos momentos esté trabajando la Justicia". "Ese límite ha estado claro desde el primer día y el Gobierno se ha mantenido firme en la posición", ha insistido Montero, quien ha asegurado que seguirá trabajando para que las cuentas públicas sean una realidad "a lo largo de 2019".

SE APROBARÁ LO "JURÍDICAMENTE POSIBLE" SI HAY PRÓRROGA

Respecto al posible adelanto de elecciones, ha recordado que Sánchez fue "extraordinariamente claro" en mantener la intención de aprobar los PGE, pero si no fuera posible, se arbitrarían medidas a través de reales decretos que considerasen "urgente" para que la recuperación llegue a los ciudadanos, aunque es "evidente" que la totalidad de las medidas de los PGE "no se pueden plasmar en formar de real decreto".

Por ello, ha instado a que, con independencia de los planteamientos en otras materias, se puedan alcanzar consenso respecto a las pensiones o el SMI. "El PP o Cs pueden seguir en las cuestiones que le puedan parecer de interés, pero eso no quita para que se sientan a hablar de cuentas públicas", ha agregado.

Preguntada sobre si se aprobarían subidas de impuestos o los recursos para las CCAA vía reales decretos si hay finalmente una nueva prórroga presupuestaria, ha indicado que "cuando llegue ese momento se verán las cuestiones que se llevarían a real decreto", si bien "la aspiración sería poder incorporar aquello que jurídicamente sea posibles trasladar a la fórmula del decreto".

En este sentido, ha insistido en que los reales decretos "no son sustitutivos del proyecto de PGE", sino una "primera aproximación" a lo que serían cuestiones clave del proyecto, pero "en ningún caso sustitutivos".

Entre las cuestiones que estarían pendientes de aprobarse en caso de prórroga, se encuentran el alza de las entregas a cuenta o los 2.500 millones del mes perdido de IVA a las CCAA, por lo que Montero ha recalcado que "lo mejor que podrían hacer las CCAA, fundamentalmente aquellas gobernadas por fuerzas distintas al PSOE, es animar a los partidos a que aprueben el proyecto de PGE".

"Lo que no pueden pretender las administraciones territoriales es que sin una propuesta de PGE podamos abarcar la totalidad de expectativas de CCAA, que son lógicas, las comparto, son absolutamente razonables, pero se necesita un vehículo para hacerlas operativas y ese es el proyecto de PGE", ha apostillado.

La titular de Hacienda ha aclarado que por el momento no se ha analizado con los servicios jurídicos qué partidas podrían aprobarse vía reales decretos y cuáles por razones técnicas legislativas se quedarían atrás, ya que solo se está trabajando para aprobar los PGE, "no en ninguna otra fórmula ni atajo".

Por lo tanto, "habrá cuestiones que se puedan trasladar a los reales decretos y otras que jurídicamente no se pueden trabajar desde ese ámbito y tendrán que quedar en el proyecto para que los partidos se animen a aprobarlos", ha dicho.

PIDE MEDIDAS DE IGUALDAD EN EMPRESAS PÚBLICAS

Durante su participación en el acto, Montero ha aprovechado para hacer un llamamiento al conjunto de empresas públicas para que, con su influencia en el sector productivo, hagan de la igualdad de género un elemento de competitividad para el futuro.

Así, ha pedido que los salarios de los directivos "se puedan explicar sin que causen distorsión a los ciudadanos", que no haya diferencias salariales entre hombres y mujeres, incorporar los permisos de maternidad y paternidad equiparados e implementar políticas transversales para que se pueda contar esa experiencia de "buenas prácticas" después al FMI, la OCDE y la UE y España contribuya al reto global de la igualdad.

Ha puesto en valor a la SEPI como conglomerado que participa en 15 empresas de forma mayoritaria y en otras 15 de forma minoritaria, con un total de 74.000 personas bajo su paraguas, y ha explicado que trabaja en actuaciones orientadas a la recuperación económica, especialmente en zonas con escasa actividad industrial. También se trabaja en la eliminación de actividades "con fecha", como la minera o las nucleares, en la construcción de modernos parques tecnológicos, entre otras.

Por su parte, el presidente de la SEPI, Vicente Fernández, ha indicado que se centra en la búsqueda de la "máxima rentabilidad" económica y social del grupo público, cuya facturación supera los 4.000 millones de euros.