Los ministerios de Hacienda y Empleo mantienen posiciones distintas a las de Economía
MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP y el PSOE están negociando los cambios a introducir en el proyecto de ley de Segunda Oportunidad, particularmente en relación con el tratamiento que se tiene que dar a los créditos públicos privilegiados, que actualmente quedan fuera de cualquier posibilidad de quita.
Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que se están manteniendo contactos entre ambas formaciones para intentar consensuar algunas modificaciones de la normativa, que ya está en vigor al haberse aprobado como decreto ley y que incluye un mecanismo concursal para personas físicas y autónomos.
Dicho procedimiento contempla la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o, en su defecto, declarar un concurso de acreedores con la liquidación de los bienes del deudor. Además, se contempla la posibilidad de aplicar quitas si el deudor cumple ciertas condiciones de su plan de pagos, pero en esas exoneraciones no quedarían incluidas en ningún caso las deudas con Hacienda o la Seguridad Social, a las que sólo se podrán aplicar fraccionamientos o aplazamientos.
MÁS FLEXIBILIDAD
Sobre este asunto han presentado enmienda prácticamente todos los grupos de la oposición, en general con la intención de flexibilizar el tratamiento que se da a los créditos de derecho público en los casos de quitas.
Así, los socialistas creen que sólo se deberían salvaguardar de las exoneraciones de deuda los créditos de derecho público con privilegio general, salvo los recargos y las sanciones, de modo "homogéneo" al tratamiento que se les da cuando es una empresa la que entra en concurso de acreedores.
Por su parte, CiU cree que los acreedores públicos "también deben verse implicados" en las quitas y en los embargos o secuestros posteriores a la presentación del concurso sin excepciones, evitando cualquier "privilegio" en línea con lo que recomienda, por ejemplo, el Banco Mundial. "El Estado debe soportar el mismo trato que el resto de acreedores para poder articular un verdadero sistema de insolvencia", defiende la formación en su enmienda.
El PNV comparte que proteger los créditos públicos por delante de otro tipo de deudas "se separa de las recomendaciones realizadas a nivel internacional" y recuerda que mantener las cosas como están podría suponer, por ejemplo, que se mantengan tanto deudas tributarias como por multas de tráfico. Por eso, propone eliminar esta excepción a la norma.
UPyD, por su parte, propone una alternativa más elaborada, que pasaría por que los créditos de derecho público que no tengan carácter punitivo podrán perdonarse si el deudor paga al menos la mitad en un plazo de tres años desde la conclusión del concurso. Ésta es, recuerda la formación magenta, la recomendación que se hace en la Guía Legislativa de las Naciones Unidas, que señalan que "conviene reducir al mínimo las deudas excluidas" para "facilitar que el deudor pueda reemprender su negocio sobre una base firme".
En el extremo contrario se sitúan, sin embargo, formaciones como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) o Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que no sólo rechazan que se desprotejan los créditos públicos, sino que reclaman exceptuar también de los efectos de los acuerdos extrajudiciales a los créditos laborales, salvo que los trabajadores decidieran otra cosa.
DESACUERDO EN EL GOBIERNO
Desde el PP se muestran dispuestos a negociar sobre este tema, aunque reconocen que no hay acuerdo en el seno del Ejecutivo sobre el mismo, ya que mientras ministerios como el de Hacienda o Empleo rechazan la posibilidad de sufrir quitas, el de Economía sería favorable a estudiar la propuesta.
Los socialistas, por su parte, insisten en que garantizar los créditos públicos es esencial, pero recuerdan que tanto organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) como los propios agentes sociales españoles recomiendan ser flexibles y buscar un punto medio que no equipare los créditos públicos con los ordinarios --es decir, que no se llegue al extremo de poder aplicar quitas del 50% o el 75% como está previsto para otro tipo de deudas-- pero que ofrezca soluciones más allá de los aplazamientos de pago o fraccionamientos.
De hecho, el principal partido de la oposición recuerda también que la Hacienda pública y la Seguridad Social son las principales perjudicadas cuando hay una liquidación, ya que terminan por no recuperar nada o sólo una pequeña parte de lo que se les adeuda. Sin embargo, facilitar la viabilidad del deudor, sea una pyme o un autónomo, permitiría compensar las pérdidas con los futuros ingresos que genere su actividad.
OTROS ASUNTOS
Más allá del asunto de los créditos públicos, las negociaciones en torno al proyecto de ley de Segunda Oportunidad giran alrededor de aspectos como la definición del comportamiento fraudulento a la hora de permitir la declaración del concurso o el porcentaje de ingresos que el deudor debe haber destinado a satisfacer sus deudas para optar a la condonación.
Y es que el proyecto de ley prevé que las quitas se apliquen si el deudor ha cumplido el plan de pagos durante los cinco años previstos, o si en ese tiempo ha destinado al menos la mitad de sus ingresos inembargables a este fin, aunque no hubiera cumplido el plan en su integridad.
Los socialistas consideran que el 50% de los ingresos es demasiado y esperan que los 'populares' se atengan a revisar el porcentaje. Además, se congratulan de la enmienda del PP para limitar el acceso al registro de beneficiarios de las quitas aunque piden que se reduzca de cinco a tres años el plazo para que la información desaparezca.
En cualquier caso, la Comisión de Economía está convocada el martes a partir de las 11.00 horas para aprobar, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley y remitirlo al Senado. Hasta entonces, tanto 'populares' como socialistas esperan que se pueda llegar a un acuerdo y que la norma obtenga el máximo respaldo posible.
