MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Este lunes 15 de enero, el dirigente sindicalista Pedro Zamora, miembro de los estibadores de Quetzal, murió asesinado a manos de un grupo de desconocidos en represalia por sus esfuerzos para detener la privatización del puerto de Quetzal --el principal de Guatemala--, según denuncian desde la Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 168 millones de trabajadores en 154 países.
Zamora resultó muerto después de que sus asesinos le persiguieran y "acribillaran" su vehículo con un centenar de balazos. Durante el tiroteo, su hijo de tres años resultó herido aunque su vida no corre peligro. Finalmente, uno de los asesinos se acercó al coche y disparó al sindicalista a la cara, "método que recuerda al que utilizaban las fuerzas paramilitares durante la guerra civil en Guatemala", indican desde la CSI.
Según este organismo, tanto el fallecido como sus compañeros sindicalistas "habían sido objeto de una campaña de hostigamiento e intimidación" ya que proponían un programa de mejoras y modernización como alternativa "al traspaso de las instalaciones del puerto a manos privadas".
"Este truculento asesinato hace recordar los días más sombríos de las décadas de conflicto civil en Guatemala y la reputación de ese país continuará viéndose perjudicada si no se toman medidas para arrancar el mal de raíz y castigar a quienes encargan y ejecutan las medidas intimidatorias o los asesinatos", afirmó tras conocer la noticia el secretario general de la CSI, Guy Ryder.
Para Ryder, "este asesinato fue premeditado y con él se parece querer transmitir un mensaje a quienes se atreven a defender sus derechos fundamentales".
Tanto la CSI como la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) anunciaron que llevarán el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reclamando al Gobierno guatemalteco investigar este asesinato para identificar a los culpables y que comparezcan ante la justicia.
De hecho, la CSI y la ITF coordinarán una acción mundial para ejercer presión sobre las autoridades guatemaltecas con el fin de que éstas garanticen los derechos fundamentales de los trabajadores.
