Con su facturación diaria, a las centrales "les resulta más rentable pagar las multas que parar para revisar y reparar las averías"
MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La ONG Ecologistas en Acción ha criticado la sanción impuesta ayer por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de 1,6 millones de euros a la central nuclear de Vandellós II (Tarragona) por los problemas de seguridad de la central ocurridos en 2004.
A pesar de ser la sanción más importante en la historia nuclear española, Ecologistas en Acción la considera "insuficiente" y pide que se aplique la sanción máxima. Además, esta asociación considera que "debe actualizarse el actual régimen sancionador e incrementarse el monto de las posibles multas a las instalaciones radiactivas y nucleares".
La central nuclear de Vandellós II sufrió un grave accidente en el verano de 2004, cuando se rompió una tubería de agua del sistema de servicios esenciales. Esta tubería proporcionaba agua del mar para refrigerar el circuito secundario lo que, además, resultaría vital para extraer el calor del núcleo de la central en caso de accidente, siendo así un elemento 'clave' para la seguridad de la central.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reclama ahora 1,6 millones de euros a los explotadores de la central por incurrir en tres irregularidades graves. La primera consistió en ejecutar un erróneo mantenimiento de la tubería, que llevó finalmente a su ruptura. La segunda fue no realizar las reparaciones y pruebas que el CSN ordenó, y la tercera consistió en ocultar información al CSN, puesto que los primeros problemas de corrosión de la tubería aparecieron en 1993.
La segunda sanción más alta impuesta a una central después de ésta se le aplicó a la central de Almaraz (Cáceres) y ascendía a 90 millones de pesetas durante los años 90, también por tener un problema con su sistema de alimentación de aguas esenciales. Pero en el caso de Vandellós, y a pesar de parecer cuantiosa, no es, a juicio de Ecologistas, "lo suficientemente rigurosa", puesto que "todavía está por debajo del tope de las multas que el CSN puede aplicar".
Las sanciones económicas que el CSN puede imponer a los propietarios de las instalaciones nucleares y radiactivas en casos de irregularidad, según la actual legislación nuclear, ascienden a unos máximos de 60.000 euros en caso de falta leve, de 600.000 euros en caso de falta grave y de tres millones de euros en caso de falta muy grave.
EXCESO DE PERMISIVIDAD
En opinión de la ONG, el CSN "no se ha atrevido a llegar al tope que la legislación le permite". "Se podría incluso considerar que se han acumulado varias faltas y superar ese techo de tres millones de euros", agrega. Así, dice, el "exceso de permisividad" entra dentro de la filosofía con que el CSN ha tratado el incidente de Vandellós II, en que se ha mostrado "demasiado laxo" en sus controles y exigencias.
"Habría que preguntarse por qué el CSN no fue capaz de descubrir mediante sus propias inspecciones un problema que se empieza a producir en 1993", dice EA. "O por qué permite que la central arranque en verano de 2004 sin realizar las pertinentes pruebas de presión en la tubería".
"Es imprescindible que el CSN actúe con la máxima dureza en este caso para que este tipo de incidentes no se vuelvan a repetir. Pero también es imprescindible actualizar y endurecer el régimen sancionador de la legislación", agrega.
"Si tenemos en cuenta que una gran central nuclear puede facturar unos dos millones de euros diarios, las anteriores sanciones son "claramente insuficientes para resultar disuasorias para los explotadores de las plantas", insiste la ONG.
Con estas cantidades, "les resulta más rentable operar la central en malas condiciones, violando las reglas, que parar para reparar las averías", denuncian. Estos son aspectos "que deberían cambiarse con una nueva legislación nuclear", concluye Ecologistas en un comunicado.
