BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha dictado una resolución por la que autoriza el ERE planteado por Nissan en las factorías catalanas --Zona Franca y Montcada-- y que afectará finalmente a 698 trabajadores después que las medidas voluntarias ofrecidas por la dirección no hayan acabado con el excedente, según confirmaron fuentes de la conselleria de Trabajo.
En concreto, el Govern da luz verde a un ERE que afecta a un total de 698 personas, 548 de los cuales son despidos directos, mientras que otros 150 estarán sujetos al compromiso de reingreso en la empresa si la carga de trabajo que contempla el plan industrial lo permite.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Nissan, Alfredo Castaño, constató que este recorte, "nada agradable", era necesario para redimensionar la planta y asegurar su futuro. Además, destacó que las indemnizaciones ascenderán a 60 días por año, con un mínimo de 23.000 euros y un máximo de 120.000. Con estas cifras se iguala las cantidades ofrecidas en el plan de bajas incentivadas.
El visto bueno del Govern se produce tras meses de intensas negociaciones entre empresa y sindicatos. Arrancaron con fuerza a finales de año, cuando Nissan ya lanzó un primer aviso anunciando que quería despedir a 1.680 trabajadores. Finalmente se pactó transformar el ERE en temporal y se empezó el año con una mesa de trabajo para tratar, con más calma, consensuar intereses. Un trabajo que no cuajó porque Nissan acabó planteando que era necesario reducir la empresa en 581 trabajadores.
El plan de viabilidad propuesta por la empresa contemplaba que la multinacional nipona aseguraba el futuro de la planta adecuando su dimensión a 2.900 trabajadores en dos turnos y con una producción de unas 126.000 unidades anuales.
Tras conocer la noticia, los sindicatos se apresuraron a tildar la cifra de "desproporcionada". Desde Usoc, destacaron que la medida no guarda relación con la realidad productiva de Nissan en Catalunya y con los nuevos modelos que han sido asignados. Por este motivo, estudiarán la posibilidad de impugnar la resolución de la Generalitat.
