MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid modificará o suprimirá 70 normas autonómicas para dar desarrollo a la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa madrileña en la que se contempla la eliminación de la segunda licencia para la apertura de grandes establecimientos, la agilización de la implantación de empresas turísticas, el fomento de las áreas de servicio en carretera o la simplificación de los trámites administrativos, entre otras cosas.
Así lo anunció este jueves en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, quien indicó que la puesta en marcha de esta normativa, que ahora será remitida al Consejo Económico y Social (CES) para su análisis, podría crear 20.000 puestos de trabajo y permitiría el crecimiento adicional de la economía madrileña en 6 décimas del Producto Interior Bruto (PIB).
En concreto, el Ejecutivo regional pretende simplificar los trámites administrativos, agilizar el proceso para la creación de nuevas empresas en sectores clave para el desarrollo de la región como el comercio, el turismo, el sector servicios y el mercado industrial y energético.
El texto da cumplimiento a la Directiva de Servicios Europea, que ha de estar traspuesta antes de final de año. El vicepresidente indicó que la directiva es una "magnífica oportunidad" para impulsar las reformas que permitan dinamizar la actividad económica, especialmente en un momento de crisis. Por ello, dijo que el Ejecutivo central "tiene la obligación, como el resto de los gobiernos europeos, de transponer" la norma.
MODIFICAR A POSITIVO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO
Con esta nueva ley, la Comunidad de Madrid modificará 50 procedimientos de la Administración para reducir los plazos de resolución a la mitad y modificando el sentido del silencio negativo en positivo o estimatorio. Además, liberaliza otros sectores como los colegios profesionales, los servicios sociales, sanitarios, medioambientales y otros en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y de patrimonio histórico.
Las grandes superficies se verán beneficiadas con la entrada en vigor de la norma, ya que permite la creación de nuevos centros comerciales y facilita la ampliación de los ya existentes al eliminarse la segunda licencia. En este segundo caso, bastará tan sólo una comunicación al Gobierno una vez que se haya otorgado la licencia municipal por parte del Ayuntamiento correspondiente.
El vicepresidente precisó que los promotores comerciales deberán dirigirse a la ventanilla única municipal en la que se gestionará íntegramente su procedimiento. Otro de los puntos destacados del texto es que se reducen los costes a las empresas comerciales y se elimina la tasa de 1.933 euros que había que abonarse hasta ahora.
Junto a esto, se intentará fomentar la creación de nuevas áreas de servicios en carretera, suprimiendo la distancia mínima de 10 kilómetros que debía existir entre estos espacios y permitiendo ofrecer los servicios de hostelería y hospedaje en áreas de servicios situadas cerca de los núcleos de población, algo que hasta ahora estaba prohibido.
POTENCIAR EL TURISMO
También se busca potenciar el turismo, una de las bazas económicas de la región, eliminando las autorizaciones de clasificación necesarias actualmente por una comunicación o una declaración responsable que facilitará la creación de nuevos alojamientos hoteleros y establecimientos de restauración. De este modo, quienes están interesados en abrir instalaciones de este tipo podrán ahorrarse trámites de hasta seis meses.
Dentro de este sector, también se verán beneficiadas las agencias de viajes, pues se elimina el requisito de estar en posesión del título licencia para el ejercicio de la actividad, que también será sustituida por una comunicación responsable, lo que evita demoras y costes innecesarios en la implantación de este tipo de empresas en la región.
Otra de las prohibiciones que se levantarán en la nueva normativa es la de que los restaurantes y bares de los hoteles no tengan acceso directo a la calle. A partir de ahora, estos locales podrán atender a todo tipo de clientes y además podrán tener terrazas.
MERCADO INDUSTRIAL
Otro de los palos que toca el texto es el mercado industrial y energético, simplificando los trámites administrativos que se pedían a los trabajadores de este sector, que podrán iniciar su negocio de forma autonómica, ya que se sustituye el permiso de actividad de la Comunidad por una comunicación. Así, un trámite que hasta ahora duraba tres meses quedará reducido a un tiempo menor. También se dará validez indefinida al carné profesional de estos empleados.
Además, se suprime la autorización de instaladores y mantenedores de actividades industriales por una declaración responsable y se eliminará la obligación de que empresas procedentes de otras comunidades autónomas se inscriban en un registro específico, que debía actualizarse cada cuatro años.
Con la simplificación de trámites y reducción de plazos, la Comunidad resolverá en un plazo máximo de dos meses "papeleos" como autorizaciones de establecimientos de óptica en oficinas de farmacia o para la puesta en marcha de centros de acción social y servicios sociales. Aquí, el silencio administrativo pasará de negativo a positivo.
COMPETENCIAS
El 'número dos' del Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre puntualizó que la Comunidad de Madrid llegará "al máximo" de las posibilidades competenciales e interpretativas para "hacer extensiva" la filosofía de la ley de eliminar los permisos a priori para llevarlos a una mera comunicación "y reforzar la inspección a posteriori".
Adelantó, además, que en la exposición de motivos de la Ley se recomendará al conjunto de las administraciones de Madrid que incorporen los principios de la Directiva europea. "Todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos, tendrán la obligación y la conveniencia de hacer lo mismo que está haciendo la Comunidad de Madrid", agregó, al tiempo que matizo que con este texto el Gobierno regional no pretende adelantarse al central, sino incentivar la economía.
Desde su punto de vista, esta norma no afectará al pequeño comercio que, a su juicio, saldrá reforzado, puesto que se reducen los trámites, se evita que se exijan autorizaciones administrativas "que tardan varios meses" y que hacen que la actividad económica "se ralentice".
Finalmente, González apuntó que la Ley influirá positivamente en la riqueza, en el consumo y en la creación de empleo. "Estas medidas van a tener un beneficio en términos de crecimiento de PIB, de renta per cápita creación de empleo...", concluyó.
