Considera que el anteproyecto de Ley de Ordenación del Comercio puede generar "cierta inseguridad jurídica"
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) solicitó hoy en el Senado que se permita al sector adaptar la gestión empresarial a la nueva coyuntura de crisis y de frenazo del consumo con una "mayor libertad" en la apertura de nuevos establecimientos y en la fijación de horarios comerciales.
"Si lo que se quiere es mejorar la creación de empleo, la primera forma para hacerlo en el sector es que dejen abrir nuevos establecimientos", dijo a Europa Press el director general de Anged, Javier Millán-Astray, quien compareció hoy en la ponencia de estudio sobre la reactivación de la actividad económica y el empleo de la Comisión de Economía y Hacienda del Senado.
Millán-Astray defendió además la necesidad de adaptar los horarios comerciales a las necesidades de los consumidores, con una mayor flexibilidad en los festivos, en un contexto en el que el 25% de los hogares son unipersonales o están formados por un adulto con hijos, con lo que "la persona que trabaja tiene que mantener el hogar y hace la compra".
En opinión del director general de Anged, parte de la contracción del consumo se debe al deterioro de confianza de los ciudadanos, dado que la renta disponible se ha mantenido en valores estables, por lo que apostó por "intentar recuperar esa confianza perdida como elemento dinamizador del consumo y de la economía".
Millán-Astray señaló que la demanda de mayor libertad en el sector comercial coincide con el proceso de transposición de la Directiva de Servicios, que ofrece la oportunidad de "modernizar un sector que lo necesita".
No obstante, consideró que el anteproyecto de Ley de Ordenación del Comercio Minorista presentado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para adaptar la normativa actual a la directiva "podría generar más confusión tal y como está redactado".
Según indicó, la directiva marca los criterios y la denominada 'ley paraguas' los transpone al ordenamiento jurídico español, a lo que se suma una 'ley omnibus' que "reinterpreta" la directiva y una nueva ley de comercio interior, que "vuelve a reinterpretar", lo que, en su opinión, puede generar cierta "inseguridad jurídica".
"El problema que vemos es que no genera mayor simplificación", apuntó Millán-Astray, en referencia a la "necesaria coordinación" de las normas autonómicas.
MARCO "INTERVENCIONISTA"
Durante su intervención en la ponencia del Senado, subrayó que el marco legislativo español es "un complejo entramado normativo, enormemente intervencionista, centrado en perjudicar la competitividad de la gran superficie comercial como instrumento para mejorar la situación del pequeño comercio".
Millán-Astray lamentó que esta normativa ha ralentizado el proceso de modernización del comercio español, hasta el punto de que el sector se encuentra "alejado" de los ratios medios de productividad europeos; y no ha conseguido proteger eficazmente al pequeño comercio ni a los proveedores.
A este respecto, apuntó que la normativa ha permitido que crezca el formato supermercado , con la mitad de productos que ofrecen los hipermercados, y con el 40% del surtido formado por marcas blancas.
