MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
Representantes de la dirección y del comité de empresa de la planta de Iveco en Madrid iniciarán esta semana las negociaciones sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa, que contempla la supresión de 1.000 puestos de trabajo, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.
Además, la empresa también aplicará otro ERE temporal rotativo para toda la plantilla hasta finales de año. En caso de aplicar el expediente de extinción en los términos propuestos por Iveco, la fábica de Madrid perdería casi una tarcera parte de su plantilla, formada por unos 2.900 empleados.
Iveco justifica esta medida por la caída del mercado de vehículos industriales, que en España se desplomará este año en torno a un 75% respecto a 2008. De hecho, la fábrica de Madrid alcanzó una producción de 965 camiones durante los tres primeros meses del año, lo que representa una reducción del 84%, según datos de Anfac que recoge Europa Press.
Por su parte, tanto el comité de empresa como los sindicatos CC.OO. y UGT han expresado su rechazo frontal al expediente de regulación en los términos planteados por la empresa, si bien se muestran dispuestos a negociar medidas de flexibilizar con el fin de asegurar el empleo.
Se da la circunstancia de que Iveco España es una de las empresas que presentaron proyectos al Plan de Competitividad de Automoción, dotado con 800 millones de euros. En este contexto, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio concedió a la empresa una ayuda de 15,3 millones de euros.
Según la Orden Ministerial que desarrolla el Plan de Competitividad de Automoción, el Gobierno se reservará el derecho a exigir la devolución de las ayudas, más los intereses que hubieran generado al Estado, en caso de que éstas no se empleen para los fines previstos.
Entre los criterios establecidos para el otorgamiento de las ayudas figura el mantenimiento del empleo. Tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el ministro de Industria, Miguel Sebastián, han manifestado en diferentes ocasiones que el Ejecutivo no concederá ayudas a las empresas que destruyan empleo.
