BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha cifrado este miércoles en 326 millones de euros el coste de anular la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat al consorcio liderado por Acciona, y ha añadido que, si finalmente se debe aplicar esta anulación como recoge una sentencia de junio del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el Govern "abriría un nuevo proceso de alegaciones judiciales".
En comparecencia en la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlament, ha mostrado su confianza en que el Tribunal Supremo --al que la Generalitat presentó recurso la semana pasada-- dará la razón a la Generalitat respecto a la validez del concurso para adjudicar la gestión de la ATLL durante 50 años, a lo que también optaba Agbar, que recurrió judicialmente el proceso.
Mas-Colell ha explicado que, si se anula el concurso, el Govern argumentará que "los canons ya pagados forman parte de un negocio que estaba funcionando y ha generado sus retornos", e igual en el caso de los intereses; la indemnización de 326 millones para Acciona se desglosa en los 300 millones que el consorcio en el que también participa BTG Pactual abonó como pago inicial de la concesión, cuatro o cinco millones por inversiones ya realizadas, e intereses legales meritados.
"Tenemos bases jurídicas fuertes para este camino --de limitar el coste de la indemnización--, que creemos que no se presentará", ha añadido posteriormente.
CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Ha sostenido que el objetivo del Govern es "garantizar que la gestión del agua se siga prestando de la mejor manera posible y con calidad para los ciudadanos", y que mientras no haya sentencia firme del Supremo seguirá operando el servicio el consorcio de Acciona porque la Ley de contratación pública así lo permite.
El conseller ha señalado que el TSJC concluye que la resolución del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (Oarcc) que excluía a Acciona del concurso no se ajustaba a derecho, y "desestima las pretensiones de Agbar porque no le atribuye de manera automática el carácter de adjudicatario".
ARGUMENTOS DEL RECURSO
Asimismo, ha desvelado los argumentos que la Generalitat ha incluido en su recurso, como que el TSJC anula el concurso con un motivo --falta de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia-- que no fue invocado por ninguna de las partes, "lo que ya por sí mismo vulnera el principio de defensa de las partes".
Ha defendido que en el concurso "no se ha vulnerado ninguno de los principios que indica la sentencia" respecto a publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia, y en esta línea ha mostrado su confianza en que todo acabará bien en el Supremo.
"Creemos que como tenemos la razón nos la darán", ha remachado; Acciona --junto a la concesionaria ATLL-- y BTG Pactual también han presentado sendos recursos al Tribunal Supremo contra la sentencia de junio del TSJC que anula el concurso.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Ante las peticiones de responsabilidades políticas planteadas por partidos de la oposición durante la comisión por el fracaso del concurso --al que se han referido con calificativos como chapuza y churro--, ha contestado que "es una cuestión 100% jurídica y serán los juzgados los que decidan".
Ha expuesto que el concurso no fue improvisado y se estuvo trabajando durante un año; que mientras una sentencia no es firme hay muchas posibilidades y recovecos judiciales, y que todo lo que ha hecho la Generalitat "ha estado estrictamente ajustado a la ley".
Ha añadido que litigios de este tipo pasan constantemente: "¿No se acuerdan de la batalla judicial entre Telefónica y Prisa hace unos años? Y ahora hay un pleito por la concesión del transporte en Terrassa. Nos hemos de acostumbrar, y mientras los procesos judiciales hacen su camino, lo fundamental es que se mantenga el servicio".
