MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha preguntado a la Fiscalía si admite a trámite las dos querellas que han sido presentadas en nombre de varios accionistas y bonistas de Abengoa, que la semana pasada se declaró en preconcurso de acreedores, contra su antigua cúpula por delitos societarios, de administración desleal y falsedad documental.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada acuerda incoar diligencias previas y solicita al Ministerio Público que informe sobre su competencia para abrir una investigación sobre el estado financiero de la empresa de energías renovables, cuya sede central se encuentra en Sevilla, y las indemnizaciones millonarias que se concedieron sus máximos directivos.
"No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir dligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable", explica la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.
El abogado que ha presentado una de las querellas, Felipe Izquierdo, indicó a Europa Press que, en el caso de su denuncia, tanto la naturaleza como las circunstancias y las personas implicadas aparecen "perfectamente" identificadas, por lo que presentará un escrito en este sentido ante la juez para dejar constancia de este aspecto.
Dos bonistas, defendidos por el abogado Felipe Izquierdo, han presentado una querella contra el expresidente del consejo de administración de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, a los que se atribuye indiciariamente un delito de administración desleal y otro de uso de información privilegiada.
Los bonistas señalan que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate".
Así, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores, Benjumea se adjudicó una "exorbitante" indemnización por importe de 11.480.000 euros.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una "contraprestación post-contractual" de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de "bonus variable" que percibirá "a cuenta de 2015 hasta su salida". Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó "fuertes posiciones bajistas" en relación con los valores de Abengoa.
QUERELLA CONTRA ABENGOA Y DELOITTE
El despacho Yvancos Abogados interpuso una querella en nombre de varios accionistas y bonistas, que perdieron 299.911 euros fruto del dinero invertido en base a unos estados contables "maquillados, manipulados y, por tanto, no coincidentes con la realidad". Su acción penal se dirigía contra los miembros del consejo de administración de Abengoa y la auditora Deloitte por presuntos delitos societarios y falsedad documental.
En cuanto al órgano de administración de Abengoa, se dirije contra José Domínguez Abascal, Antonio Fornieles Melero, Javier Benjumea, Joaquín Fernández de Pierola Marín, Ignacio Solís Guardiola, Alicia Velarde Valiente, José Joaquín Abaurre Llorente, José Luis Aya Abaurre, José Borrell Fontelles, Ricardo Martínez Rico y Ricardo Hausmann, así como contra los exmiembros Felipe Benjumea, Manuel Sánchez Ortega, Fernando Solís, María Teresa Benjumea o Carlos Sundheim Losada. Además, cita a Manuel Arranz como el socio firmante de las cuentas anuales de 2014 y el informe de revisión limitada de Deloitte.
Los querellantes justifican la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos en que este tribunal es el competente en materia de "defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".
En este contexto, recuerdan que Abengoa tiene más de 50.000 accionistas dentro y fuera de España, cuenta con presencia en más de 80 países y emplea a 25.000 personas, de las que 6.700 trabajan en territorio nacional.
