Un jurista denuncia a España ante la CE por incumplimientos medioambientales de Iberpotash

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El doctor en Derecho y vecino de Sallent (Barcelona) Sebastià Estradé ha denunciado al Estado español ante la Comisión Europea (CE) por la "falta de control y vigilancia" de la Generalitat ante los incumplimientos medioambientales de la empresa Iberpotash, dedicada a la extracción de potasa en la comarca barcelonesa del Bages.

En rueda de prensa este miércoles, Estradé ha explicado que la denuncia, presentada el 14 de mayo y basada en un informe del gabinete ambiental Estudi Folch i Associats, critica que Iberpotash ha ido acumulando de forma incontrolada los residuos salinos generados por la extracción de la potasa "incumpliendo sus obligaciones legales de prevención y gestión de recursos salinos", y creando daños y perjuicios al medio ambiente y a la salud de las personas sin que el Govern lo haya evitado de forma eficaz.

Estradé ha recordado que en 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) obligó a la empresa a presentar un plan de restauración que todavía no ha elaborado, y a la Generalitat a establecer una fianza para garantizar su cumplimiento, una cantidad que la administración fijó en 13,9 millones de euros y que el denunciante ha calificado de "irrisoria", pues según el Estudi Folch se necesitarían hasta 130 millones de euros para culminar la reforestación de la zona según la explotación prevista hasta 2035.

"Comienza a perfilarse la cobardía de la Generalitat frente a la empresa. Si actúa de forma cobarde contra ella, ¿cómo va a ser valiente cuando tenga que enfrentarse al Estado?", ha reflexionado Estradé, quien lleva luchando más de 15 años para que la Administración preste atención a esta problemática.

Según ha explicado, los efectos nocivos de la montaña de sal se dejan notar en aspectos cotidianos, como la oxidación de las barandillas de las casas y de los bajos de los coches.

El responsable del estudio, Ramón Folch, ha dicho no entender cómo en un Estado de Derecho el Govern no hace cumplir la legislación medioambiental europea: "Aunque haya crisis, la ley es la ley. Si ya no sirve, que la cambien".

También ha criticado que todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora para reducir el efecto de la contaminación en el río Llobregat han costado unos 200 millones de euros que han sido sufragados por la Agencia Catalana del Agua (ACA), una empresa pública.

"No hay animadversión contra Iberpotash, sólo expresamos la disconformidad contra unas prácticas irregulares", ha matizado Folch, quien ha recordado que la empresa ganó en 2012 un total de 75 millones de euros, con lo que, según su punto de vista, no se pueden justificar los incumplimientos ambientales por motivos económicos o de liquidez.

Folch también ha afirmado que preferiría que la empresa modificase sus planes de explotación para reducir su impacto ambiental --que actualmente prevén un aumento anual de dos millones de toneladas de residuos--, antes que depender de la fianza.

Tanto Folch como Estradé confían en que la nueva demanda presentada ante la CE sirva para "complementar" la solicitud de impugnación de la fianza fijada por la Generalitat ante el TSJC, y sobre la que deberá pronunciarse en breve.