El Parlament de Cataluña valida el Decreto que restringe las VTC

Publicado 28/02/2019 12:21:48CET

Calvet argumenta que Uber y Cabify estaban haciendo "un servicio para el que no están autorizados"

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de Cataluña ha convalidado el Decreto Ley que aprobó el Govern para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC), una norma que les obliga a contratar sus servicios con una antelación mínima de quince minutos y que supuso que Uber y Cabify dejaran de operar en Barcelona.

La Cámara ratifica esta norma a pesar de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) dictaminó que vulnera el derecho a la libertad de empresa.

El Decreto ha sido convalidado con los votos favorables de JxCat, ERC, el PSC-Units, los comuns y la CUP, mientras que Cs y PP han votado en contra.

El Decreto, que anunció el Govern el 29 de enero tras la huelga de taxis en Barcelona, fija que los VTC tengan que contratar sus servicios con una antelación mínima de 15 minutos.

La norma prohíbe que las plataformas como Uber y Cabify puedan indicar dónde están sus vehículos antes de que el cliente les contrate y establece que los VTC no puedan circular por las vías públicas buscando usuarios ni propiciar la captación de los que no hayan precontratado sus servicios.

Cs llevó el decreto al CGE, que el lunes dictaminó que la precontratación de 15 minutos vulnera el derecho a la libertad de empresa porque constituyen una restricción "no razonable" del mismo, según los principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad.

Por eso, el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha pedido antes del debate que este punto se retire del orden del día para evitar aprobar un decreto que "tiene preceptos inconstitucionales", pero el presidente de la Cámara, Roger Torrent, tras debatir con los miembros de la Mesa y los letrados, ha decidido continuar el debate porque el dictamen del CGE no es vinculante y el punto ya se había admitido a trámite.

"SERVICIO NO AUTORIZADO".

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha defendido que los taxis y VTC no son servicios competidores, sino complementarios, y ha insistido en que el Govern no tiene nada en contra de los VTC pero que los debe regular porque empresas como Uber y Cabify estaban haciendo "un servicio por el cual no están autorizados".

Así, ha manifestado su discrepancia con el dictamen del CGE, ha defendido que el gabinete jurídico de la Generalitat avala los 15 minutos de precontratación y ha contestado a Cs que esta medida también la aprobó el Gobierno de Francia cuando el ahora alcaldable de Barcelona por esta formación, Manuel Valls, era primer ministro.

APOYOS

El socialista Jordi Terrades ha señalado que los criterios que contempla el decreto también están planteados por la UE, ha apoyado la regulación de los VTC y ha advertido de los peligros de no hacerlo: "Cuando destruyen al adversario suben los precios".

David Cid (comuns) ha sostenido que el modelo de Uber y Cabify conlleva salarios bajos y precariedad laboral: "Este es el modelo de Cs y PP", y ha asegurado que estas empresas pagan los impuestos fuera del Estado.

Además, el 'cupaire' Vidal Aragonès ha apuntado que el conflicto entre el taxi y los VTC es una "batalla de modelo" que afecta a toda la sociedad y ha agradecido a los taxistas por la huelga y las movilizaciones que, según él, han conseguido que el Govern haya hecho este decreto.

Por parte de ERC, Marc Sanglas ha destacado que, pese a que cuestiona algunos elementos, el dictamen del CGE "en su gran parte avala el decreto", y Eduard Pujol (JxCat) ha reivindicado que el Govern ha asumido el reto de legislar esta cuestión.

CS Y PP

La diputada de Cs Marina Bravo ha alertado de que validar este decreto tras el dictamen del CGE supone una inseguridad jurídica y ha criticado que no resuelve los problemas del sector: "En lugar de resolver un conflicto lo enquista".

Asimismo, el popular Santi Rodríguez ha razonado que taxis y VTC sí que compiten, por lo que cree que el decreto "perjudica el sector" y ha propuesto tramitarlo como proyecto de ley ante las dudas que plantea el CGE, pero ha sido rechazado.

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