MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) - El Congreso convalidó este jueves el Real Decreto Ley que permite regular y limitar a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a empresas como Uber y Cabify, si bien abrió la puerta a que los grupos políticos introduzcan cambios en la norma, toda vez que se acordó tramitarla mediante proyecto de ley. El decreto logró 'luz verde', gracias al respaldo de Unidos Podemos, Compromís, EH-Bildu, Esquerra Republicana, PDeCAT y Coalición Canaria. No obstante, las últimas tres formaciones se sumaron a las que habían votado en contra, esto es, a PP, Ciudadanos y Foro Asturias, para lograr que la norma se abra a tramitación. De esta forma, al igual que la aprobación del decreto el pasado mes de septiembre no contentó ni a los taxistas ni a las firmas de VTC, su reválida en el Congreso tampoco cumplió con las expectativas de estos dos sectores, ni del Gobierno, toda vez que el propio ministro reclamó que se evitara la tramitación como ley para no "alargar el conflicto y la incertidumbre". "Estamos ante la convalidación de un Real Decreto Ley que no admite enmiendas", había advertido el titular de Fomento durante el debate previo a la votación. La tramitación como ley puede no obstante abrir la posibilidad de que realicen cambios a los principales puntos del Decreto mediante la introducción y el acuerdo de enmiendas. En su actual redacción, el Decreto habilita a los gobiernos regionales a regular las condiciones de servicio de las VTC (los horarios, los recorridos o las características del vehículo, entre otros), al igual que hacen con las del taxi. Asimismo, una vez transcurra una moratoria de cuatro años, permite a los ayuntamientos limitar o suprimir VTCs en sus ciudades. Además, el texto blinda al Estado de eventuales reclamaciones del sector al fijar el procedimiento para realizarlas y establecer que sólo se atenderán eventuales indemnizaciones otorgando a las licencias tiempo adicional a esos cuatro años. Ante la perspectiva de cambios en estas medidas, en su intervención ante la Cámara, el ministro de Fomento reclamó "valor" a las formaciones políticas para afrontar de forma definitiva el conflicto abierto desde hace años entre el sector del taxi y de los vehículos con que dan servicio las plataformas como Uber y Cabify, y que el "tema no se pudra". "A mí no me da vértigo tomar la decisión y no postergarla", aseveró Ábalos, quien además, defendió la fórmula del Decreto frente a la más larga tramitación de la ley, dada la "urgente y extraordinaria necesidad" de solventar un conflicto que "las sucesivas anteriores regulaciones no han resuelto". "Si todos lo hubiéramos hecho bien antes, ahora no estaríamos aquí", apuntó. No obstante, ratificó su voluntad de resolver la 'batalla' entre el taxi y los VTC, y aseguró hacerlo "con la conciencia libre", sin "presiones de ninguna parte", garantizó. "MAGNÍFICO DESPEJE A CORNER" Ábalos intervino también tras el turno de portavoces en el que, incluso los partidos que respaldaron el texto, mostraron reticencias al mismo y, por ello, optaron por su tramitación. Así, PP, Foro Asturias y Compromís consideraron que el Gobierno sólo busca "quitarse el marrón de encima" y "pasar la patata caliente a comunidades y ayuntamientos", según dijo el 'popular', José Alberto Herrero. "Es un magnífico despeje a corner", aseveró el portavoz de esta última formación, Joan Baldoví, mientras que, por contra, el diputado de Bildu Oskar Matute Bildu valoró precisamente que "las decisiones y los problemas se acerquen a quienes más los conocen". De su lado, las formaciones catalanas PDeCAT y ERC reclamaron blindar las competencias de la Generalitat en la materia y proteger a las administraciones autonómicas y locales de eventuales reclamaciones del sector de las VTC. El diputado de PNV Íñigo Barandiarán, por su parte, consideró una "medida discutible" la de desalojar del ámbito urbano a los VTC". Ciudadanos exhibió la mayor crítica al Decreto, por estimar que no favorece ni a taxis, ni a VTC, ni a los ciudadanos, y advertir que puede convertirse en "las próximas radiales", según dijo su diputado Fernando Navarro en referencia eventuales reclamaciones. De su lado, Podemos mostró el mayor rechazo al sector del VTC al manifestarse su diputado Rafael Mayoral "en contra de una 'uberización' de la economía, contraria a los derechos de los trabajadores y los servicios públicos". Por su parte, el PP, que en su etapa en el Gobierno aprobó dos medidas restrictivas para las VTC, rechazó al Decreto por considerar que se redactó "sin contar ni negociar con nadie" y que "no solucionará el problema". "Es otro pago del doctor Sánchez por su estancia en la Moncloa", indicó el diputado popular José Alberto Herrero, quien además abogó por ayudar al sector del taxi y flexibilizar su actual regulación.
