MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por varios controladores miembros de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) contra el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, y otros cargos del gestor aeroportuario por falta de competencia para instruir dicho sumario.
Según el fallo del 2 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez entiende que los hechos en los que se fundamenta la querella criminal presentada por miembros del sindicato USCA contra el presidente de AENA y otros cinco directivos están siendo investigados en la causa penal que tramita el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid contra los controladores aéreos.
Por ello, rechaza admitir a trámite la demanda por falta de competencia y acuerda la inhibición de las diligencias al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, que de presentarse no suspenderá el curso del procedimiento.
La mitad de los controladores, sobre una plantilla de 2.400, presentaron a mediados de diciembre de 2010 una querella criminal contra Lema y otros cinco responsables del ente entonces --la directora de Navegación Aérea, Carmen Librero; el director adjunto, Enrique González; el director de Recursos Humanos, Salvador Merino, y el director de Operaciones de Navegación Aérea, Andrés Torrecilla--, por los sucesos que provocaron el cierre del espacio aéreo el 3 de diciembre de ese año.
Las querellas sobre una supuesta trama orquestada por el ente para provocar el cierre del espacio aéreo fueron presentadas a título personal en apoyo a los 440 imputados del colectivo por el 'plante' de los controladores.
EL PROCEDIMIENTO SIGUE SU CURSO.
En el proceso que se sigue en la causa penal, AENA, que niega cualquier trama orquestada, reconoce que conocía con anterioridad el "profundo malestar" que existía entre los controladores por la modificación de los condiciones laborales por parte del anterior Gobierno socialista y las posibles "medidas de presión" que podía adoptar en colectivo.
Sin embargo, la gestora de los aeropuertos considera que, en este caso, la actuación de los controladores fue "absolutamente excepcional y sin ningún precedente en la vida laboral del país", por lo que "no cabe hablar de imprevisión en la empresa, ni, por tanto, de responsabilidad".
En este procedimiento penal, la juez que instruye la causa mantiene a Aena como posible responsable civil subsidiaria del caos aéreo, por lo que deberá asumir las indemnizaciones si el patrimonio de los controladores no es suficiente.
No obstante, la Audiencia Nacional, a raíz de la primera denuncia de un afectado que reclamaba unos 6.000 euros como compensación, eximió a AENA como responsable civil subsidiaria por entender que "hubo un acuerdo en los controladores en abandonar su puesto, una reacción ilegal e inesperada, contra la que la compañía no tenía mecanismos para actuar".
También existe una sentencia de un juez de Santiago de Compostela, a favor de AENA y en contra de un controlador que fue despedido, en la que los controladores aportaron documentación para implicar supuestamente a AENA en una trama.
