BRUSELAS 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha propuesto este viernes movilizar 540 millones de euros para apoyar a los agricultores afectados por el encarecimiento de los fertilizantes, en las cadenas de suministro, con el objetivo de garantizar la producción agrícola y reforzar la seguridad alimentaria de la Unión Europea.
La iniciativa combina ayudas financiadas a través de la reserva agrícola europea con ajustes específicos en la Política Agrícola Común (PAC) para permitir a los Estados miembro prestar un apoyo "más rápido y flexible" a los productores ante el incremento de costes.
En concreto, Bruselas plantea reforzar la reserva agrícola con 300 millones de euros adicionales procedentes del presupuesto comunitario de 2026, que se sumarán a los fondos todavía disponibles en este instrumento hasta alcanzar un total de 540 millones de euros en ayudas.
Además, según explica el Ejecutivo comunitario, los gobiernos nacionales podrán complementar este apoyo con financiación propia de hasta el 200%, una posibilidad que elevaría el volumen total de recursos hasta 1.500 millones de euros.
Entre las medidas, figura la creación de un nuevo mecanismo de liquidez dentro de los programas de desarrollo rural destinado a explotaciones agrarias con dificultades de financiación, que --explica la Comisión-- podrá financiarse hasta en un 65% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y complementarse con recursos nacionales.
La propuesta incluye también la posibilidad de adelantar a los agricultores una mayor parte de las ayudas directas antes del 16 de octubre para mejorar su liquidez, así como una mayor flexibilidad para que los Estados miembro ajusten sus presupuestos de pagos directos correspondientes a 2027.
Bruselas justifica estas medidas por el fuerte incremento de los costes de los fertilizantes registrado en los últimos meses a raíz de las tensiones geopolíticas y los problemas de suministro, una situación que, según advierte, podría obligar a muchos agricultores a reducir su uso y afectar tanto a los rendimientos de las cosechas como a la calidad de la producción.
Bruselas alerta además de que una reducción significativa del uso de estos insumos podría tener consecuencias sobre los ingresos de las explotaciones agrarias, el suministro alimentario europeo y, en última instancia, sobre los precios de los alimentos.
Las modificaciones legislativas propuestas deberán ser ahora examinadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, mientras que la utilización de la reserva agrícola será sometida a votación de los Estados miembro en las próximas semanas. Si recibe el visto bueno de los gobiernos, la adopción definitiva está prevista para finales de julio.
Las medidas forman parte del Plan de Acción sobre Fertilizantes presentado por Bruselas el pasado mes de mayo para reducir la dependencia europea de las importaciones, reforzar la producción comunitaria y acelerar la transición hacia fertilizantes de origen biológico, bajos en carbono y más sostenibles.