HRW denuncia la retirada de la ciudadanía bahreiní a 31 opositores, abogados y activistas de DDHH

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización norteamericana Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este jueves a las autoridades de Bahréin que rescindan su decisión de retirar la ciudadanía a 31 parlamentarios opositores, abogados y activistas por los Derechos Humanos por supuestos "perjuicios a la seguridad del Estado", una medida impuesta "sin el debido proceso" que viola "derechos básicos" y contraviene el Derecho Internacional.

El pasado 6 de noviembre, el Ministerio del Interior anunció la retirada de la nacionalidad de estas 31 personas en aplicación del artículo 10 de la Ley sobre Ciudadanía de 1963, con el argumento de que son "perjudiciales para la seguridad del Estado". El citado artículo establece que el Gobierno tiene autoridad para retirar la ciudadanía a cualquier persona.

"La decisión sumaria del Gobierno de Bahréin de privar de la ciudadanía a 31 personas parece ignorar completamente sus derechos básicos", denunció el subdirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch, Joe Stork. "Es injustificable que se equipare la disidencia política con los perjuicios a la seguridad de Bahréin", manifestó.

Aparte, la retirada de la ciudadanía sin el debido proceso "viola los derechos de los bahreiníes en virtud del Derecho Internacional", prosiguió Human Rights Watch, que recordó que el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad" y "nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad".

La orden del Ministerio del Interior --que ha asegurado que "los afectados tienen derecho a apelar"-- perjudica a un grupo de 31 parlamentarios opositores, abogados, clérigos y activistas por los Derechos Humanos. Al menos diez de ellos han vivido fuera de Bahréin durante años y varios abogados y activistas han indicado a Human Rights Watch que solo seis de los 31 tienen otra nacionalidad, por lo que la decisión del Gobierno los convertiría en apátridas.

Un activista opositor ha explicado a Human Rights Watch que la mayoría de los afectados "ni siquiera han sido procesados por ningún delito penal, y mucho menos por haber perjudicado a la seguridad del Estado".

TAIMOOR KARIMI

Uno de los afectados, el abogado Taimoor Karimi, ha asegurado a Human Rights Watch que todo lo que sabe sobre esta decisión le ha llegado por los medios. "No se me ha informado de ninguna acción legal contra mí y no se me ha notificado oficialmente la decisión", ha añadido.

Karimi fue detenido el 31 de marzo de 2011 en cumplimiento del decreto de emergencia aprobado para acabar con las manifestaciones antigubernamentales. Estuvo encarcelado durante seis meses por "propagar noticias falsas" y "participar en reuniones ilegales". El pasado mes de enero fue condenado a cuatro meses de prisión por participar en "reunión ilegal". Su caso está siendo revisado por un tribunal de casación.

Karimi ha asegurado que no es miembro de ningún grupo político y que no tiene ninguna segunda nacionalidad. "He nacido y crecido aquí. Mis padres y abuelos eran de Bahréin. No tengo ningún otro sitio al que ir", ha declarado.

En su comunicado, HRW recordó que en los años ochenta y noventa, el Gobierno de Bahréin expulsó a numerosos disidentes. El caso más reciente es el del jeque Ali Salman, expulsado en 1994 y de regreso a su país en 2001, quien actualmente lidera el principal grupo legal de oposición, Al Wefaq.