HRW dice que la violencia política y étnica en Kenia estuvo organizada y exige al futuro gobierno que imparta justicia

La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió hoy de que la violencia política y étnica que estalló en Kenia tras las elecciones del pasado diciembre estuvo organizada dentro de cada una de las partes enfrentadas, por lo que pidió al futuro gobierno que se formará próximamente que lleve a los responsables ante la justicia.

En opinión de la organización, la nueva coalición que se concretará en base al acuerdo alcanzado por el actual presidente, Mwai Kibaki, y el futuro primer ministro, Raila Odinga, puede ayudar a estabilizar el país llevando a los responsables de la organización de los enfrentamientos ante los tribunales.

En un informe de 81 páginas titulado 'De los votos a las balas: la violencia política organizada y la crisis de gobierno de Kenia', la organización también hace hincapié en las "muertes ilegales" de civiles a manos de la Policía, la cual, según asegura, usó fuerza excesiva para hacer frente a las manifestaciones, abatiendo así a cientos de personas.

"Para que el nuevo gobierno funcione bien y se gane la confianza de la gente, necesita primero cerrar las heridas juzgando a aquellos que estuvieron detrás de la violencia", consideró Georgette Gagnon, directora de HRW para África, quien alertó de que "incitar a la violencia entre los grupos étnicos casi destruye Kenia", por lo que ahora el nuevo gabinete "tiene una oportunidad de reparar esas fracturas".

El informe de la organización destaca los graves abusos que se han producido en las zonas más afectadas por la crisis, como son las ciudades de Nairobi y Nyanza y las provincias del Oeste y del Valle del Rift durante los enfrentamientos de enero y febrero y que dejaron más de 1.000 muertos y unos 350.000 desplazados.

LUOS CONTRA KIKUYUS

Comunidades del Valle del Rift leales a la oposición, la mayoría de la etnia luo, atacaron a seguridores de Kibaki, de la etnia kikuyu, después de anunciarse la reelección del presidente en las elecciones, que Odinga siempre ha calificado de fraudulentas, que provocó la respuesta de los kikuyu, lo que dio comienzo a un conflicto étnico que, según testigos consultados por HRW, estuvo organizado por líderes tribales, políticos y empresarios de las dos partes.

Según estas mismas fuentes, en la localidad de Eldoret --una de las más afectadas en el Valle del Rift--, los ataques contra viviendas de personas de etnia kikuyu fueron planeadas por líderes tribales. De hecho, uno de ellos, de la etnia kalenjin, explicó que estos líderes "decían que si había algún signo de que Kibaki había ganado las elecciones comenzaría la guerra". "Estaban entrenando a los jóvenes para ir a la guerra", añadió.

Un joven kikuyo que participó en los ataques contra los luo en la ciudad de Naivasha también destacó el papel jugado por los líderes tribales a la hora de organizar los enfrentamientos. En declaraciones a HRW, la violencia que se desató en enero no fue planeada por "ciudadanos corrientes", sino por "gente con dinero que compraron" a gente como él que lo necesitaba "para comer cada día".

ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES

Human Rights Watch también ha investigado el excesivo uso de la fuerza empleado por la Policía y que provocó cientos de muertos entre manifestantes y transeúntes. En uno de estos casos, la Policía admitió haberlo hecho para controlar a la multitud en la ciudad de Kisumu, donde fallecieron 30 personas.

El informe de HRW expone que aunque muchos observadores se sorprendieron por la rapidez con que se extendió y las proporciones del conflicto en Kenia en tan poco tiempo, las verdaderas causas del mismo son antiguas y profundas. Para la organización, el fracaso de los sucesivos gobiernos para hacer frente a los sistemáticos problemas como la corrupción, el embargo arbitrario de tierras y la organizada violencia política son causas directas de la crisis.

Por ello, HRW hizo un llamamiento al futuro gobierno para que apoye las investigaciones que se van a poner en marcha para esclarecer los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y para conocer a los responsables de la incitación de la violencia.