MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha instado a España a proporcionar información sobre las medidas de apoyo a la crianza, de forma previa a la presentación del séptimo informe periódico de España sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
La prevención de la pobreza infantil, la garantía del derecho a la participación infantil, la aplicación de la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), la protección de los menores no acompañados y la regulación de la publicidad de productos no saludables, son otros de los temas sobre los cuales pregunta el Comité, según resume la Plataforma de Infancia en un comunicado.
Desde la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas por España en 1990, el Gobierno español está obligado a presentar de forma periódica informes sobre el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en España.
Este procedimiento comienza con una solicitud de información por parte del Comité de los Derechos del Niño al Estado que contiene hasta 30 preguntas, denominada lista de cuestiones previa a la presentación de informes, conocida como LOIPR por sus siglas en inglés, y que el Comité ha hecho públicas esta semana.
Sobre la prevención de la pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres niños y niñas en España, el Comité de los Derechos del Niño ha preguntado al Gobierno sobre la manera en el que este plantea apoyar a las familias en la crianza de sus hijos e hijas.
El Comité ha preguntado también al Gobierno por el rol del Consejo Estatal de Participación Infantil en la planificación de políticas de infancia, así como por las medidas adoptadas para promover el asociacionismo infantil.
Otro tema sobre el que ha pedido información es la manera en la que se va a implantar la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), especialmente en la franja de edad de 0 a 3 años y también sobre las medidas que se han tomado para adaptar el sistema de Justicia a las necesidades y derechos de los niños y niñas, especialmente en la franja de 14 a 18 años en la que, según la LOPIVI, la prueba preconstituida no es obligatoria.
También preocupa al Comité el procedimiento de determinación de la edad de los niños y niñas migrantes no acompañados y ha preguntado al Gobierno de qué manera van a poder recurrir estos menores una decisión sobre su edad en caso de obtener nueva documentación.
Asimismo, pregunta sobre la regulación de la publicidad sobre productos no saludables. Actualmente está pendiente de aprobación un Real Decreto Ley destinado a prevenir el consumo de productos no saludables por parte de niños, niñas y adolescentes.
Además, el Comité ha solicitado a España información sobre cómo se integra el enfoque basado en los derechos de la infancia y la adolescencia en la planificación, implementación y seguimiento de las medidas adoptadas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Gobierno tiene un año para responder al Comité sobre las preguntas que este le plantea y, tras analizar la información que le proporcione, realizará una serie de recomendaciones. El Estado deberá implementar y dar seguimiento a las recomendaciones que realice el Comité en un plazo de 5 años tras la adopción de las observaciones finales.
"El Gobierno de España tiene la oportunidad, en el último año de legislatura, de mejorar el permiso parental remunerado, de promover medidas de apoyo a la crianza que reduzcan la pobreza infantil, así como de regular el desarrollo de la LOPIVI a nivel autonómico, y de realizar mejoras en la Ley de Servicios Sociales en relación con los procedimientos de retirada de tutela", ha explicado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.
