MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, ha insistido este martes en la necesidad de acordar, junto con las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las ONG una regulación para prevenir "determinadas acciones de voluntariado solidario que pueden tener un impacto solidario pero que pueden suponer la asunción de un riesgo excesivo".
Durante su comparecencia en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y a petición de CiU, Rodríguez ha reafirmado el interés del Gobierno en abrir una reflexión sobre la labor del voluntariado solidario en zonas de excesivo riesgo tras el secuestro de tres cooperantes españoles por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
Así, tras mostrar su satisfacción por la liberación de los cooperantes, ha reconocido que el voluntariado solidario, cada vez más numeroso, también cada vez más se realiza en zonas de riesgo importante "y frente a las que nos encontramos un vacío legal o de regulación para dar una respuesta adecuada y evitar situaciones que todos podamos lamentar", indicó.
Diferenciando entre cooperante, trabajador humanitario y el nuevo ámbito del voluntariado solidario, ha detallado que el Gobierno lleva tiempo trabajando en mejorar las condiciones de seguridad de los primeros. Asimismo, ha señalado que las ONG españolas mantienen su personal en muchas zonas de riesgo y cumplen "de forma escrupulosa y estricta con el Estatuto del Cooperante de 2006, y van más allá, estableciendo protocolos más estrictos en materia de seguridad para sus trabajadores".
"Somos muy conscientes, y las organizaciones también, de que no se puede eximir el riesgo de la labor del cooperante porque el riesgo es inherente a la labor que se realiza en muchísimos países donde la cooperación española está presente", ha resaltado.
Así, cuando el Gobierno tiene información de un incremento del riesgo en alguna zona, se facilita esta información de forma inmediata a las ONG que tienen presencia en estos países, y a través de la coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se adoptan todas las medidas oportunas y necesarias, incluida la de evacuar, para garantizar la seguridad de los cooperantes en estos países, ha añadido.
"En el ámbito del voluntariado solidario, hemos encontrado que la Ley del Voluntariado de 1996, que sí contempla ciertas garantías de seguridad, es una ley de ámbito estatal que regula actividades realizadas en el marco de determinados proyectos o programas. En la practica se dan iniciativas de voluntariado solidario que incluyen actividades realizadas fuera de España y en zonas de riesgo", ha indicado Rodríguez.
Según ha explicado, cuando esto sucede, normalmente el Gobierno tiene conocimiento de una previsión del viaje y de una realización de estas actividades a través de su red de Embajadas en el exterior. "Cuando tenemos conocimiento previo, informamos de forma clara, de forma específica y concreta de la situación que hay, y pedimos que no se realicen algunas de estas actividades. La cuestión es que hay veces que no tenemos conocimiento previo, sino que tenemos conocimiento de que se están realizando estas actividades una vez que están en el terreno", ha reconocido.
ACORDAR UNA REGULACIÓN
"Por tanto, el Gobierno español piensa que hay que hacer una reflexión importante sobre este voluntariado solidario fuera del país, y al igual que hemos hecho con la actividad de los cooperantes profesionales (...) para acordar junto con las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y con las ONG alguna regulación que nos permita actuar con mayor agilidad y rapidez, con un resultado más eficaz para ser capaces de prevenir actuaciones, programas y determinadas acciones de voluntariado solidario que pueden tener un impacto solidario pero que pueden suponer la asunción de un riesgo excesivo", ha asegurado.
Esta idea ya fue desarrollada el pasado día 6 pocos días después de la liberación de los tres cooperantes de Acció Solidaria en unas declaraciones en las que indicaba que era necesario "rellenar" con una regulación especial el vacío actual.
Rodríguez ha insistido, además, en que hay actuaciones, como el reparto de materiales, que pueden conseguir su resultado sin tener que asumir riesgos a través de los mecanismos de infraestructura que la AECID tiene sobre el terreno. "No se trata de hacer ningún juicio de valor negativo sobre el trabajo de los voluntarios, que tanto el Gobierno como los responsables de política de cooperación respetamos y valoramos", ha señalado.
Determinadas actuaciones en ciertas zonas de riesgo o conflicto donde España tiene presencia a través de una red de funcionarios públicos y de cooperantes, puede poner en riesgo y en peligro no sólo la posición de España sino también la de algunos españoles que trabajan allí, ha añadido.
Por otra parte, los portavoces de los grupos parlamentarios del PP y CiU, Gonzalo Robles y Carles Campuzano, respectivamente, han apuntado la necesidad de regular sólo una parte puesto que es muy difícil regular totalmente esta cuestión aunque reconocieron la necesidad de construir consensos en la sociedad española para saber dónde están los límites de nuestra política exterior y de seguridad.
Respecto a esta cuestión, Campuzano ha incidido en la necesidad de que cualquier regulación debe respetar los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia de este tipo de organizaciones puesto que, si cualquier regulación impidiera estos principios, probablemente se complicaría más el trabajo de estos grupos.
