La deportación de unos 1.700 ruandeses es anticonstitucional y atenta contra los derechos de la Infancia, a juicio de otras ONG
MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Uganda ha inciado la deportación "forzosa", incluso "a punta de pistola" según al menos un testigo presencial, de cientos de ruandeses alojados en dos campos de refugiados del suroeste del país, lo que ha llevado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a exigir la suspensión inmediata de la operación.
La situación de los refugiados ruandeses en los campamentos de Nakivake y Kyaka se ha convertido en una cuestión comprometida para ambos Gobiernos: Uganda no quiere tenerles en su país y Ruanda parece incapaz de convencerles para regresar a casa, porque allí no se sienten seguros.
La última medida fue adoptada por el ministro ugandés al cargo de preparación para desastres y refugiados, Tarses Kabwegyere, quien ordenó la puesta en marcha, el pasado 14 de julio, del operativo contra "los inmigrantes ilegales que no tienen razones de peso para quedarse aquí (en Uganda)".
El ministro informó de que 1.700 inmigrantes ugandeses sin papeles ya han sido repatriados a Uganda y argumentó que ACNUR ha estado en todo momento al corriente del desarrollo de la operación. "Ninguno de ellos tenía documentos y ACNUR lo sabe: no se ha hecho en secreto; el Gobierno de Ruanda nos ha ayudado con transporte, comida y agua. Son responsables de sus ciudadanos y se han limitado a traerles a casa", aseguró.
ACNUR ha rechazado su implicación en la operación. "No estamos involucrados", declaró el representante de ACNUR en Uganda, Kai Nielsen a la agencia de información de Naciones Unidas (IRIN) el pasado 15 de julio. Nielsen calificó la operación de "acuerdo bilateral entre los gobiernos de Uganda y Ruanda" y puntualizó que simplemente "se ha pedido al Gobierno ugandés que suspenda la operación policial que está teniendo lugar en Nakivale y Kyaka, sin la intervención de ACNUR, por la que se está obligando a los refugiados ruandeses a volver a su país".
Nielsen insiste que ACNUR "respeta el derecho del Gobierno a manejar la cuestión de los peticionarios de asilo" siempre y cuando se hayan agotado todas las vías legales, pero la agencia de refugiados de la ONU considera que muchos refugiados van a ser deportados sin que sus solicitudes hayan sido examinadas. "Algunos no han tenido oportunidad de presentar a examen sus peticiones", añadió Nielsen, quien añadió que "cualquier repatriación forzosa constituye una violación de las leyes de asilo internacionales y de Uganda.
La operación en sí también ha sido condenada por La Iniciativa Internacional para los Derechos del Refugiado y el Proyecto de Ley del Refugiado. Ambas ONG coinciden en denunciar que esta repatriación forzada "viola la Constitución ugandesa y, por presuntamente separar familias durante su transcurso, atenta contra el Estatuto de la Infancia y la Convención de los Derechos del Niño".
ACNUR DENUNCIA LAS OPERACIONES
"En el asentamiento de Nakivale, los solicitantes de asilo ruandeses se reunieron bajo el pretexto de que iban a ser informados de los resultados de sus solicitudes de asilo. El pánico se extendió entre el grupo cuando intervino la Policía, disparando. Se utilizó la fuerza para cargar a los civiles en camiones, y fueron trasladados hasta la frontera con Ruanda", aseguró la portavoz de ACNUR, Melissa Fleming.
"En el asentamiento de Kiaka, la distribución alimentaria en un centro del Programa Mundial de Alimentos (PAM) se utilizó como el pretexto para acorralarlos. Una vez en el edificio, el grupo fue rodeado por hombres armados y Policía. Los que no lograron escapar fueron obligados a subirse a camiones", añadió.
Fleming aseguró que estas operaciones han dado como resultado la muerte de dos hombres que saltaron de los camiones, y que los niños fueron separados de sus padres. Esta agencia de la ONU explica que, a pesar de que es consciente de la existencia de un acuerdo entre los dos países para deportar a los solicitantes de asilo cuya solicitud fuera desestimada, no se conocía el lugar ni la naturaleza de la operación. "Desde el principio, al personal de ACNUR presente en los asentamientos se le solicitó que abandonara la escena", aseguró Fleming.
ACNUR recuerda que la deportación de refugiados o de solicitantes de asilo cuyas solicitudes no hayan sido aceptadas sólo deberían llevarse a cabo de forma voluntaria y en condiciones dignas y seguras. "Pedimos a las autoridades ugandesas que detengan la operación tan pronto como supimos que estaba en marcha. Hemos pedido en repetidas ocasiones que no debería haber más deportaciones que sean contrarias a los principios del Derecho Internacional", prosiguió Fleming.
"Desde principios de este año, 3.320 ruandeses han presentado una solicitud de asilo en el país. El 98 por ciento fue rechazada en los últimos seis meses", detalló la portavoz. "ACNUR está preocupado porque las solicitudes de asilo no se estén determinando de manera adecuada y justa. Hemos estado, y estaremos, para manejar esta cuestión con las autoridades ugandesas", añadió.
SOBRE EL TERRENO
"La Policía acordonó el campamento", describió Nielsen, citando testigos sobre el terreno. "Nos han contado que los refugiados fueron reunidos con la excusa de que iban a ser informados de los resultados del proceso de sus peticiones de asilo, mientras a otros se les prometió raciones de comida", indicó el oficial. "Pero en su lugar, fueron metidos en camiones que les estaban esperando para enviarles a Ruanda; entre 1.000 y 2.000 fueron repatriados", Nielsen.
El ministro ruandés para Desastres y Asuntos de Refugiados, Marcel Gatsinzi, confirmó que la cifra de repatriados "es de unos 2.000" y se encuentran en un "campamento de paso" en la localidad de Gicumbi "para determinar de qué punto exacto de Ruanda proceden". Mientras, "se les está proporcionando ayuda para un mes: comida, material de cocina y demás, y tenemos preparado ya el transporte para que regresen a su localidad de origen", indicó.
ENGAÑO
Los ruandeses repatriados denuncian que se les ha mentido. Un líder local bajo el anonimato, uno de los refugiados en el campo Juru A de Nakivale, indicó que "bajo la excusa de una reunión, la Policía (ugandesa) y los comandantes del campamento" metieron a los refugiados en 12 camiones, en el transcurso de "una situación muy mala".
"Fuimos retenidos a punta de pistola mientras la Policía y los comandantes ataban las manos de la gente y les obligaban a meterse en los camiones. A los que escapaban, se les disparaba. Tengo entendido que muchos de ellos fueron heridos en el caos subsiguiente", explicó. Otros que se resistieron a su entrada en los vehículos fueron golpeados.
En estos momentos, "hay muy pocos ruandeses en Nakivale; muchos de ellos han huído al bosque o se han integrado en la comunidad, y los que quedan son niños o ancianos que no pueden correr", destacó el jefe local, quien denunció que "algunos de los huidos viven a cielo abierto en muy malas condiciones.
Uno de estos ancianos refugiados en Nakivale entrevistados por IRIN lamenta amargamente su situación. "Ayer se llevaron a muchos de mis vecinos. Soy demasiado viejo para correr o para regresar a Ruanda. ¿Qué me va a suceder? Estoy demasiado preocupado por mi nieto, de quien me ocupo y que está en un instituto. Tengo miedo de que le cojan, de que le obliguen a regresar a Ruanda a pesar de haber nacido aquí (en Uganda). Mi hijo, su padre, está muerto, no conoce otro hogar... ¿qué nos va a suceder?", se preguntó.
