MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha llamado este martes a buscar, en primera instancia, "que las personas privadas de libertad logren la reinserción y la reeducación" tal y como, según ha apuntado, "marca la Constitución".
Así lo ha asegurado durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión Mixta de Relaciones con la Institución, ante la cual ha presentado el informe anual que el Defensor elabora en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (MNP), correspondiente al año 2020.
En su intervención, Gabilondo ha destacado que "es imprescindible velar por la dignidad y los derechos de estas personas", porque "son más vulnerables y tienen un mayor riesgo de sufrir posibles violaciones de sus derechos".
"Tienen dignidad y derechos a pesar de estar privados de libertad", ha apuntado, antes de indicar que "por mucho que se haya avanzado" en esta materia, sigue existiendo el "riesgo" de violaciones en las condiciones y el trato de estas personas.
En este sentido, ha señalado la necesidad de impulsar un trabajo de interlocución con la Institución, de forma que el Defensor sea considerado "fuente de referencia" y no como "supervisor ocasional" de estos centros. Para Gabilondo, esto permitirá una mayor transparencia en todos los aspectos.
AÑO MARCADO POR EL COVID
En el informe que ha presentado ante la Comisión, el Defensor ha destacado que, al referirse al 2020, el trabajo del MPN ha estado "marcado" por la pandemia del Covid-19, teniendo que realizar, especialmente en las primeras semanas del Estado de Alarma, "tareas de supervisión a distancia" o "sin contacto".
Tal y como ha señalado, durante dicho año, se llevaron a cabo 115 actuaciones de supervisión de las que 66 fueron visitas presenciales y 49 actuaciones sin contacto y, en total, se formularon 686 resoluciones (119 recomendaciones, 545 sugerencias y 22 recordatorios de deberes legales).
Al respecto, Gabilondo ha explicado que el MNP realizó 47 actuaciones en dependencias de privación de libertad de corta duración, de las cuales 39 fueron visitas y ocho actuaciones no presenciales. Estas inspecciones generaron 26 recomendaciones, 335 sugerencias y cuatro recordatorios de deberes legales.
CARENCIAS EN CIE Y CATE
Entre sus sugerencias, ha reclamado mejoras en relación a los Centros de Internamiento de personas Extranjeras (CIE) y a los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), en donde, según ha apuntado, se han detectado "graves carencias estructurales y asistenciales" en el sistema y ha puesto como ejemplo el hecho de que en los CATE de Almería y Málaga "no se identifica" a los migrantes "por nombre", sino "por un número".
En este sentido, ha señalado que el Defensor "viene insistiendo en la necesidad" de dotar a estos centros de "un marco regulatorio con protocolos de funcionamiento".
También ha señalado la necesidad de hacer reconocimientos médicos a la llegada de internos, mejorar el tratamiento de los datos personales que manejan los servicios médicos, la asistencia jurídica de las personas que se encuentran en estos centros, mejorar la cartelería sobre la presencia de sistemas de videovigilancia, así como del sistema de recargas de teléfonos móviles o el acceso a un proceso de solicitud de protección internacional, entre otras.
Para el portavoz de ERC en esta comisión, Josep María Reniu, el informe del Defensor en esta materia determina "muchas y terribles conclusiones" y ha destacado que, aunque se recoge en el documento que las "recomendaciones han sido aceptadas", cree que es preciso "reiterar" que las medidas tomadas no son "suficientes" para que estas situaciones "no vuelvan a ocurrir" en los centros.
DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN PRISIONES
El senador republicano, además del representante de Ciudadanos en el debate, José Luis Muñoz, y su homóloga de Unidas Podemos, Marina Velarde, se han referido a las conclusiones del informe del MNP en relación a las visitas a los centros penitenciarios con enfoque de género, que se iniciaron en 2018, y que en 2020 se realizaron a las cárceles de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y a Ceuta.
En este sentido, Gabilondo ha explicado que se detectaron diferencias entre el cumplimiento de penas por parte de hombres y mujeres. Además, han detectado carencias en cuanto a las instalaciones ya que, según ha indicado, las de ellas cuentan en ocasiones con poco espacio y ofertas de actividades deportivas o de ocio.
Del mismo modo, desde la Institución se ha recomendado el uso del lenguaje inclusivo en los procesos de registro y que exista la variable de sexo y mujer gitana en la recogida de datos y estadísticas. Además, se reclama una mayor formación en identidad de género o violencia de género de los profesionales que tratan con las internas o incorporar la perspectiva de género en protocolos de prevención contra el suicidio u otras evaluaciones psicológicas.
A esta cuestión se ha referido también Vox. A través de su portavoz en la Comisión, Pablo Calvo, han recordado que las mujeres funcionarias también sufren agresiones y violencia y ha acusado a las feministas de estar "calladas" ante estos casos. Del mismo modo, ha considerado que este tema tiene "poco que ver" con la prevención de la tortura que es la labor del MNP.
Calvo también ha lamentado que se tenga más presente el estado de las personas en prevención de libertad y no tanto el de "otros colectivos" que también están en lugares "bajo custodia de administraciones" y que también han sufrido conductas "vulneradoras" de sus derechos y, en este sentido, ha puesto como ejemplo la situación de las residencias de mayores durante la pandemia o los abusos a las menores tuteladas.
REFORMULACIÓN DE LOS INFORMES
También el senador del PP José Luis Landaluce le ha señalado su deseo de tratar en las intervenciones del Defensor sobre la educación en castellano en Cataluña o la prevención de los suicidios. Además, ha apuntado que "no solo hay que proteger" a los menores extranjeros no acompañados o a los "presos", sino también a los funcionarios de prisiones, fuerzas y cuerpos de seguridad, Salvamento Marítimo, jueces o fiscales, entre otros profesionales.
En su réplica, el Defensor ha recordado que ya ha hablado de forma "explícita" en el informe general anual de la Institución, que ha presentado durante el último mes en las Cortes y ha llamado a no hacer de estos temas un "uso partidista" y sobre la posibilidad de que el MNP incorpore estos temas a su 'cartera', Gabilondo ha indicado que ya tendría que ver "con la forma en la que se organiza" la Institución.
Aún así, ha asegurado que reformulará los informes y documentos del Defensor, tras ser solicitado formaciones como ERC o PNV, que reclaman un mayor análisis de los datos.
En concreto, la portavoz de la formación vasca en este debate, María Mercedes Garmendia, le ha pedido que se incluya en el documento si los temas que se tratan durante varios años han mejorado tras las recomendaciones, se mantienen igual o han sufrido un atraso.
SUJECIONES MECÁNICAS
Lo que sí se ha incluído en el informe del Defensor, dentro del MNP, es la situación de los Centros para Menores Infractores (CIMI) en los que, de forma más específica, se ha inspeccionado el uso de sujeciones mecánicas y, más concretamente, en el centro Tierras de Oria en Almería, en donde fallecía en 2019 un menor al que se le estaba aplicando este sistema.
En este sentido, el Defensor ha explicado que se pidió la prohibición del uso de estas sujeciones y se denunció que los responsables de los centros no visualizaban las grabaciones de los servicios de videovigilancia, que se usaban la sujeciones como castigo o que la atención médica llegaba tarde. Estas y otras sugerencias, ha indicado Gabilondo, fueron aceptadas de "forma favorable" por las administraciones competentes.
