EAPN alerta del impacto del rechazo al decreto ómnibus y pide no usar la protección social como "moneda política"

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha reclamado responsabilidad política tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto ómnibus que prorrogaba diversas medidas de protección social para 2026, y ha pedido retomar de forma urgente estas iniciativas sin utilizarlas como "moneda de cambio política".

El decreto, que no ha sido convalidado por la Cámara, incluía la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, la garantía de suministro de agua y energía así como la actualización de pensiones y medidas de protección en el empleo y la fiscalidad. Su caída deja en el aire, según EAPN-ES, instrumentos que venían actuando como "escudo social" para "millones de personas" en situación de vulnerabilidad.

Desde la Red advierten de que esta decisión llega en un contexto de pobreza y exclusión social "muy elevado". "Según los últimos datos disponibles, el 25,8 % de la población en España, más de 12,5 millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque algunos indicadores han mostrado una ligera mejora, las cifras siguen siendo muy elevadas y reflejan problemas estructurales que requieren políticas públicas estables y sostenidas en el tiempo", afirma la Red.

EAPN-ES ha subrayado además que las transferencias sociales tienen un impacto directo y medible en la reducción de la pobreza. Según los datos ofrecidos por EAPN-ES, en 2024, estas ayudas permitieron reducir la tasa de pobreza del 42,6 por ciento al 19,7 por ciento, "evitando que 11,1 millones de personas permanecieran en situación de pobreza". En este sentido, la organización ha advertido de que la retirada o falta de consolidación de estas políticas debilita de forma clara su capacidad de protección.

Por otra parte, el texto tumbado contemplaba la prórroga hasta finales de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, en un contexto que EAPN-ES califica de "emergencia residencial". Según su XV Informe 'El Estado de la Pobreza', la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento, especialmente en el mercado del alquiler, donde la tasa de pobreza es más del doble que entre quienes viven en propiedad.

"A esta situación se suma la pobreza energética. Los datos de la Red indican que el 38,5 por ciento de las personas en situación de pobreza no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno y que el 43,1 por ciento tiene dificultades para mantenerla suficientemente fresca en verano", ha advertido la Red, al tiempo que ha explicado que estas cifras son "muy superiores a las del resto de la población".

En la misma línea, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha denunciado también este martes el "desamparo institucional" en el que quedan miles de familias tras la caída del decreto y ha advertido de que, a partir de ahora, podrán reactivarse procedimientos de desahucio paralizados desde 2020. Según esta organización, unas 70.000 familias podrían verse afectadas por desahucios sin alternativa habitacional.

"Sin las medidas de protección que hoy han decaído en el Congreso, se va a ver agudizada la crisis de vivienda que atraviesa el país. Reclamamos medidas estructurales de carácter urgente que den respuesta a esta situación", ha expresado en un comunicado el técnico del área de vivienda de CECU, Eloy Gutiérrez.

CECU ha alertado también del fin de la prohibición de cortes de suministros por impago, una medida que protegía a hogares en situación de pobreza energética. "Esperamos que la nueva estrategia haga permanente la prohibición de cortes de suministros, incluyendo el principio de precaución cuando el motivo del impago sea el nivel de renta", ha añadido Gutiérrez.