La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha elaborado un informe en el que se plantean 20 recomendaciones, 15 sugerencias y dos recordatorios de deberes legales a las administraciones locales para lograr ciudades accesibles y sostenibles "en términos reales", y ello ante "infinidad de quejas" recibidas.
