MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla han presentado una solicitud conjunta a la Dirección General de Trabajo adscrita al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para que se declare la nulidad de pleno derecho de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).
El pasado 4 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución con la que el Gobierno dio luz verde a la creación de este sindicato. Sin embargo, tras la polémica suscitada, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, pidió a la Abogacía del Estado que iniciase "todos los trámites pertinentes" para declarar nula de pleno derecho dicha resolución.
Para las asociaciones feministas, las inscripción del sindicato "atenta contra los derechos humanos de las mujeres, ya que la prostitución es una de las formas más execrables de violencia sexual ejercida contra las mujeres y las niñas".
A su juicio, supone "una de las expresiones de dominación y violencia patriarcal de todo punto incompatibles con la igualdad real entre mujeres y hombres, que no pueden ser legalizables, ni amparables bajo ningún paraguas de normalización de dicha violencia.
"NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL" DEL MINISTERIO DE TRABAJO
Además de interponer una demanda judicial instando a la nulidad de pleno derecho de los estatutos y del acta de constitución del sindicato ante la Audiencia Nacional, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres se dirige ahora al Gobierno para solicitar al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social "que enmiende su negligencia institucional en este asunto".
"Cualquier negligencia o inacción gubernamental, podría suponer la normalización de la prostitución y la legalización de organizaciones de proxenetas, intentando equipararse a organizaciones que defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores, cuando en realidad son el segundo negocio ilícito a nivel mundial", sostiene.
Según insiste, a petición ante la Administración se realiza tras "la dejación" del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en efectuarlo de oficio tal como había asegurado, así como "ante la alarma generada" por decidir permanecer a la espera de una resolución judicial.
"La errática actuación de la Administración ante un asunto de esencial trascendencia para todas las mujeres y, por ende, para toda la sociedad, pone en cuestión las declaradas posiciones abolicionistas del actual gobierno, así como el compromiso del mismo en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, por lo que conlleva de vulneración de derechos humanos la admisión de un Sindicato denominado de trabajadoras sexuales (OTRAS) en el Estado español", apunta la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
