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MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
En España hay 37.136 alumnos matriculados en centros de Educación Especial este curso 2018-2019, el 0,45% de la población escolar, que asciende a 8,17 millones de alumnos. El 59,6% en los 191 colegios públicos, mientras que el 40% restante son atendidos en los 280 centros concertados. Además, hay 8.232 profesores, según los últimos datos del Ministerio de Educación, recogidos por Europa Press.
De forma paralela, hay 1,89 millones de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en centros ordinarios (el 23,1% de la población escolar), a los que se les adapta los currículos y los métodos de enseñanza. Se trata de un grupo muy heterogéneo, pues no solo lo integran alumnos con discapacidad, sino niños con déficit de atención, dislexia, trastornos de conducta o altas capacidades.
En los centros de Educación Especial se imparte Educación Infantil adaptada a las necesidades y competencias individuales de niños de entre tres y cinco años y Enseñanza Básica Obligatoria desde los seis años hasta los 16/18 años --dividida, a su vez, en Primaria (6-12 años) y Secundaria Obligatoria (13-16/18 años)--.
A partir de los 17/18 años hasta los 21, los alumnos pueden matricularse en Programas de transición a la vida adulta, con una oferta formativa orientada a facilitar la autonomía personal y la integración social y laboral.
Este sábado 23 de febrero la Plataforma Educación Inclusiva Si, Especial También ha convocado en Valladolid una protesta contra el "cierre" de los centros de Educación Especial, a raíz de la aprobación del proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como 'Ley Celaá', que prevé el trasvase de este alumnado al sistema ordinario en un plazo de 10 años.
Aunque la tramitación parlamentaria de este texto es inviable por la disolución de las Cortes Generales, ante el adelanto de las elecciones generales, esta plataforma sostiene que la "amenaza existe". Señalan que este modelo educativo garantiza la igualdad de oportunidades de alumnos con discapacidad intelectual, a diferencia del sistema ordinario.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que su reforma cumple con el artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aboga por atender a todos los alumnos bajo el mismo sistema educativo, un principio que reclama el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), partidario de acabar con este modelo especial, que tacha de "excluyente".
