MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El aval del Tribunal Constitucional a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá, ha reabierto el debate sobre los defensores de la educación inclusiva para las personas con discapacidad --que promueve esta norma-- y aquellos que apuestan por la educación especial.
En la norma, que entró en vigor en febrero de 2021, se obliga al Gobierno, en colaboración con las CCAA, a aprobar un plan para que "en el plazo de diez años" los centros ordinarios "cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".
Además modifica dos artículos de la LOE sobre este tema para recoger que serán profesionales quienes evalúen y valoren a qué tipo de centro debe ir el alumno, atendiendo al interés del menor y "la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo"; y para incluir que, al finalizar el curso, atendiendo a los resultados del alumno con necesidades especiales, se podrá modificar su régimen de escolarización para incluir a los estudiantes en el modelo "más inclusivo".
Para el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial la decisión del TC de avalar esta norma puede "tener efectos no deseados entre los estudiantes" de este colectivo "que se tendrán que integrar a la fuerza en una educación ordinaria" con capacidad "limitada" para dar respuesta a sus necesidades.
Y, en este sentido, destacan los resultados del estudio 'Bullying y discapacidad en la escuela', realizado por el propio CEDDD y FEUSO, que determina que, al menos el 80% de estudiantes con discapacidad ha sufrido acoso y el 27,5% es objeto de burlas constantes. Según han señalado, "este porcentaje puede superar el 90% en los centros de educación ordinaria, mientras que en los educación especial no llega al 3%".
LA INCLUSIÓN COMO DERECHO AL SISTEMA EDUCATIVO
Para CEDDD y ANCEE la 'inclusión' debe ser entendida desde "el derecho de todo estudiante a su permanencia en el sistema educativo, garantizando que sea atendido en cualesquiera que sean sus condiciones, en orden de optimizar sus capacidades y su ulterior adaptación socio-laboral".
Según han indicado, este es "el fin último de la Educación Especial que, lejos de segregar, trabaja con ratios reducidas, currículos adaptados y profesional especializado para garantizar el mayor grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes con discapacidad y su inserción efectiva y real en la sociedad.
Por otra parte, apuntan que la LOMLOE "quita la potestad a la familia para elegir la educación del menor con discapacidad y se la da a un profesional, al establecer que será esta figura la que evalúe y valore qué tipo de centro le corresponde al menor".
"Lamentamos profundamente que el nuevo Tribunal Constitucional haya puesto más urgencia en dar carpetazo a un recurso que en escuchar a la comunidad de la Educación Especial, para conocer de primera mano una realidad que tiene una tradición de décadas en España", ha declarado.
INCOMPATIBLE CON LA INCONSTITUCIONALIDAD
Mientras, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) señalan que la Ley Celaá "no ha cambiado radicalmente" el régimen que se aplica en materia de educación a las personas con discapacidad "que ha habido en los últimos 20 años" y, por ello, entienden que el TC no vea el texto incompatible con la Constitución.
Desde la entidad recuerdan que la Carta Magna incluye un artículo que une su aplicación e interpretación a los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos y que desde 2008 la Convención por los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, al que España está adherido, establece como obligación para los estados "la educación inclusiva como horizonte".
Para el CERMI este sería el marco de interpretación de la Ley Celaá y recuerda que el texto habla de "una tendencia a promover la educación inclusiva en un periodo de tiempo y con una progresión". De hecho, desde la entidad recuerdan que la ley mandata al Gobierno y CCAA a desarrollar un Plan de Educación Inclusiva en el que "no se ha avanzado" a pesar de que la norma entró en vigor hace ya dos años.
Sobre este último punto se ha expresado también la organización Plena Inclusión. Su director, Enrique Galván, ha mostrado su deseo de que "el contenido que recoge la Ley Celaá en el ámbito de extensión de la educación inclusiva se pueda desarrollar" y "especialmente el plan decenal para promover el derecho a la educación inclusiva de miles de alumnos y alumnas en España".
