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Insta a cumplir la cuota de empleo para personas con discapacidad, revisar los internamientos en centros y garantizar su derecho a ser padres
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, llama a aplicar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y, específicamente, la disposición adicional con la que se busca que la educación española "transite" a un "modelo de educación inclusiva".
El documento, recogido por Europa Press, se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros coincidiendo con la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La regulación de la educación inclusiva en la LOMLOE generó en su día polémica por el temor a la desaparición de los centros de educación especial, donde estudian más de 37.000 alumnos. La LOMLOCE fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios, aunque tanto la ministra autora de la norma, Isabel Celaá, como su predecesora, Pilar Alegría, se han apresurado a asegurar que la intención de la norma es la libre elección de centro por parte de los padres, bien un centro ordinario con los apoyos necesarios, bien un centro de educación especial.
Así, fuentes del Ministerio de Educación y FP consultadas por Europa Press recuerdan que, según la LOMLOE, los centros de educación especial no desaparecen, sino que se mantienen, aunque el objetivo es que los alumnos con discapacidad se integren en centros ordinarios en un plazo de una década.
Estas mismas fuentes insisten en que con la nueva Ley educativa los padres tienen derecho a escolarizar a sus hijos con discapacidad en un centro ordinario, para lo cual el centro tendrá que acondicionar o aumentar los recursos para hacerlo posible. Pero también podrán escolarizar a su hijo en un centro de educación especial.
Ahora, la estrategia del Ejecutivo llama a desarrollar y aplicar la LOMLOE para "transitar a un modelo de educación inclusiva" como, según señala Derechos Sociales en el texto, "mandata la Convención de la Discapacidad", con el objetivo de que el alumnado con discapacidad "tenga presencia progreso y participación".
Del mismo modo, recoge la necesidad de una formación inicial y continua del profesorado, orientadoras y cuerpos de inspección (en todos los niveles de educación) en el enfoque de derechos y educación inclusiva, además de abordar una adecuada regulación de la Formación profesional que asegure a las personas con discapacidad todas las medidas, recursos y productos de apoyo, las adaptaciones necesarias y la conexión de la formación con opciones reales de empleo.
Según recoge el texto, esta estrategia tiene como objetivo ser "una hoja de ruta ambiciosa y posibilista", para que España, a través de sus administraciones y poderes públicos, "contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias".
En este sentido, señala que tiene un enfoque interseccional y con perspectiva de género. Además, según apunta, busca "empoderar y apoyar a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en las políticas públicas", y para que aquellas con discapacidad psicosocial la vean "como elemento de orientación hacia sus derechos humanos".
Es por eso que, entre los principales objetivos de esta iniciativa superar el modelo asistencial y médico-rehabilitador".
También se busca impulsar medidas para cumplir la normativa sobre garantía de derechos, igualdad de oportunidades y no discriminación del colectivo, así como a la adecuada respuesta ante situaciones de vulneración de estos derechos: canales de denuncia, defensa legal y sistemas sancionadores.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En este sentido, se exponen en el texto reformas, medidas o avances para lograr mejoras. Entre las iniciativas que se incluyen en la estrategia, destaca la aplicación efectiva de la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica .
Pero, además, el documento propone avanzar en asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad o impulsar la adaptación del sistema penitenciario.
ACCESO AL EMPLEO
También incluye la promoción y mejora en la inclusión de personas con discapacidad como profesoras, personal de apoyo y alumnado en la educación superior, formación profesional y educación universitaria; medidas para prevenir las situaciones de discriminación y acoso en el ámbito educativo; o modificar la normativa de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
El documento también habla de garantizar un cumplimiento efectivo de la cuota de reserva de los puestos de trabajo para personas con discapacidad; la elaboración de un Libro blanco sobre empleo y discapacidad; reforzar el acceso al empleo de las personas con discapacidad a través de las distintas modalidades de la economía social; y potenciar el acceso al empleo público entre las personas con discapacidad, mediante el desarrollo, extensión y mejora de la aplicación de la cuota de reserva.
En este aspecto, recoge la promoción y apoyo de nuevas oportunidades de negocio, emprendimiento y autoempleo; avanzar en garantizar la accesibilidad universal y la disponibilidad de servicios de atención sanitaria para todas las personas con discapacidad; avanzar en la coordinación e interoperabilidad del sistema sanitario y el sistema de servicios sociales para una atención adecuada; o reconocer la atención temprana como un derecho subjetivo de todos los menores.
AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN
El documento también incluye la necesidad de impulsar los mecanismos que respeten la voluntad, autonomía y el consentimiento informado de la persona en los tratamientos médicos y farmacológicos; revisar la normativa vigente en materia de internamientos y contenciones, bajo el prisma de los derechos humanos; garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, incluyendo la planificación familiar, información y educación, así como las condiciones y apoyos necesarios para asegurar a las personas con discapacidad que así lo deseen, puedan ser padres o madres.
En cuanto a mejorar la participación y representación de las personas con discapacidad, se propone poner en marcha medidas para que así sea en los órganos de decisión nacionales, autonómicos y locales, pero también en el ámbito de la cultura, tanto en su acceso a los bienes culturales, como en la contribución de su potencial creativo, artístico e intelectual y su participación en la creación de las políticas culturales y su presencia positiva y no estigmatizada en los medios de producción cultural.
También se recoge la necesidad de mejorar esta participación en el deporte "como herramienta fundamental de disfrute, en la vida plena y en la inclusión social".
Revitalizar, mejorar y profundizar en el despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD); desarrollar la prestación de la asistencia personal y apoyos para la vida independiente de las personas con discapacidad; reducir los altos niveles de pobreza entre la población de este colectivo; estudiar la regulación actual entre pensiones y empleo; generar opciones y alternativas de vivienda accesible y asequible; o modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la base de los derechos humanos y las medidas alternativas a los internamientos forzosos, son otras de las medidas que recoge la estrategia.
Finalmente, el Ministerio ha incluido también iniciativas de apoyo a las familias de las personas con discapacidad. En este caso, se propone potenciar los servicios y medidas que ya existen, principalmente aquellas que son de acompañamiento, conciliación o cotización social.
