Igualdad condiciona sus ayudas a asumir el enfoque abolicionista sobre la prostitución en "coherencia" con sus políticas

   MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Igualdad ha iniciado la tramitación de una modificación de las bases reguladoras de sus subvenciones para programas de sensibilización, prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres en la que apuesta por excluir de recibir ayudas a entidades que no sean abolicionistas de la prostitución.

   El borrador, al que ha tenido acceso Europa Press y cuyo trámite de audiencia e información pública ya ha terminado, introduce como requisito que las organizaciones solicitantes reconozcan expresamente la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva "como formas de violencia contra las mujeres". Esta condición, según el texto, deberá reflejarse en los fines estatutarios de las entidades o acreditarse a través de su trayectoria y posicionamiento institucional.

   Fuentes del Ministerio aseguran a Europa Press que la convocatoria de subvenciones "ha pasado todos los filtros legales" y que es "coherente con las políticas del Ministerio". También indican que se analizarán las alegaciones recibidas.

   En este sentido, la propuesta se alinea con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el 26 de febrero de 2025, y desde el Ministerio exponen en el texto que el cambio tiene como finalidad "prevenir la violencia contra las mujeres y promover los valores de igualdad, diversidad y tolerancia".

   Igualmente, argumentan que, tras la última convocatoria y como resultado de un proceso interno de evaluación de resultados, "se ha constatado la necesidad de realizar nuevos cambios que ahonden en el impulso y refuerzo de la perspectiva feminista como herramienta fundamental para alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal; en la mejora de la eficacia en la tramitación; y en la comprobación de la calidad de los proyectos financiado".

   La modificación también actualiza otros requisitos técnicos y criterios de valoración de los proyectos, como la experiencia acreditada en la prevención de violencias contra las mujeres, la calidad metodológica o el impacto social de las iniciativas.