Bruselas avisa de que la regularización en España no debe tener "consecuencias negativas" en el resto de la UE

Archivo - El comisario de Migración e Interior, Magnus Brunner- Peter Kneffel/dpa - Archivo

    BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)

   La Comisión Europea ha avisado este martes de que aunque la regularización extraordinaria de migrantes prevista en España es una competencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez, las autoridades nacionales deben también garantizar que su aplicación no tendrá "consecuencias negativas" en el resto de países de la Unión Europea, por ejemplo que las personas que reciban un permiso de residencia no se instalan luego en otro Estado miembro.

   "La migración es un reto compartido entre los Estados miembro y la Unión Europea (...). Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembro y al mismo tiempo esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión", ha razonado el conservador austriaco, en un debate dedicado a la regularización en España en la sesión plenaria del Parlamento Europeo.

   Brunner ha defendido además que un "permiso de residencia no es un cheque en blanco" para desplazarse por el conjunto de la Unión Europea y advertido de que existen "reglas claras" que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar planes de regularización nacionales, por ejemplo que si se detecta a un beneficiario de la medida residiendo ilegalmente en otro Estado miembro "debe regresar al país en donde se otorgó el permiso".

   "Eso es lo que esperamos ver ahora en relación a las medidas anunciadas por España y otras similares que pueda haber en otros Estados miembro", ha remachado el comisario responsable de migración, quien ha querido dejar claro que la gestión migratoria debe responder a una "visión estratégica" del conjunto de la Unión, que garantice también una migración "segura, legal y, sobre todo, bajo control".

   "En una Unión de 27, las decisiones de un Estado miembro por supuesto que afectan al resto", ha apuntado Brunner, para después evocar la "cooperación sincera" entre socios. De esto modo, ha reiterado, el permiso de residencia "no es un cheque en blanco para moverse por toda la Unión Europea, las reglas deben ser respetadas y todos los abusos deben ser abordados".

    Brunner, que hace dos semanas valoró la medida del Gobierno como una solución legal a la presencia de migrantes irregulares y responder al mismo tiempo a necesidades del mercado laboral, ha apuntado esta vez en la necesidad del equilibrio entre "solidaridad y responsabilidad" y dejar claro que, como principio, los migrantes en situación de irregularidad en la UE deben ser "retornados".

   "En la actualidad, sólo uno de cada cinco migrantes irregulares en la UE es retornado y creo que es hora de darle la vuelta y asegurar que, como regla general, las personas en situación irregular deben abandonar la UE. De lo contrario, nuestras políticas no serán creíbles", ha zanjado el comisario.

   En todo caso, el comisario ha indicado que las cifras muestran una tendencia a la baja de las llegadas irregulares a la Unión Europea en los últimos dos años y ello, ha asegurado, como resultado del refuerzo del control de la frontera exterior y otras medidas para endurecer la gestión de la migración en el bloque, como el nuevo sistema informático de entrada y salida que en abril estará plenamente operativo y permite ya controlar de manera más estricta las fronteras.

   "No es una casualidad producto de la geopolítica", ha insistido el comisario, que también ha pedido retornos más eficaces, más ágiles y rápidos" para expulsar a las personas que no tengan derecho a permanecer en la Unión Europea.

CRÍTICAS DE LA DERECHA Y ULTRADERECHA, FRENTE AL APOYO DE LA IZQUIERDA

   El debate sobre la regularización extraordinaria en España y sus consecuencias para el resto del espacio sin fronteras Schengen ha contado con decenas de intervenciones tanto de eurodiputados españoles como de otros países, con una defensa de la medida por parte de socialistas, verdes e izquierda, pero fuertes críticas tanto desde la bancada del Partido Popular Europeo (PPE) como de los grupos de la ultraderecha, Patriotas por Europa y Conservadores y Reformistas Europeos.

   "La decisión unilateral del gobierno socialista español de dar amnistía a 500.000 inmigrantes irregulares no es una cuestión de solidaridad: es una estrategia política para complacer a sus colegas de izquierda y mantenerse en el poder", ha asegurado el portavoz del PPE en el debate, el sueco Tomas Tobé, quien ha alertado de que las consecuencias de la medida "van mucho más allá de España" y "socavan" los esfuerzos del resto de socios por reforzar el control de su frontera común.

   La jefa de los Socialistas y Demócratas (S&D), la española Iratxe García, ha reprochado a los 'populares' que promovieran este debate para "intoxicar y atacar a un Gobierno legítimo" y al mismo tiempo "alimentar el mismo veneno que hoy intoxica democracias enteras: el miedo, la mentira y la violencia importados por el 'trumpismo'".

   Con todo, la eurodiputada socialista ha querido "confrontar" los modelos migratorios y reivindicado que las personas que se beneficiarán de la regularización son migrantes que ya viven en España, que "sostienen sectores enteros" de la economía y que son parte de la comunidad "pero se les niegan los derechos básicos". Por contra, desde el PP, Javier Zarzalejos ha rebatido que "cinco meses de estancia no generan arraigo" y que "no se puede actuar unilateralmente" con decisiones "de impacto masivo" en el resto de socios de la UE, por lo que ha abogado por una migración legal "como principio rector", pero con "procesos consensuados y caso por caso".

   La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, a su vez, ha avisado a los grupos de la derecha y extrema derecha que "el enemigo no viene en patera", sino que "el enemigo es el que explota, el que ampara los discursos racistas, xenófobos y de odio" que "imitan" de las políticas promovidas por Estados Unidos.

   Mientras, desde la ultraderecha de los Patriotas por Europa liderados por el partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán, la eurodiputada Kinga Gal, ha reprochado la "hipocresía" de la Comisión Europea por no sancionar a España por la regularización extraordinaria. "Nadie puede entrar ilegalmente en Europa. ¡Debemos detener esta locura y lo haremos!", ha remachado.

   El jefe de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha criticado que el Gobierno de Sánchez no ofrezca cifras claras sobre el alcance de la regularización en marcha y asegurado que el objetivo es "que les voten en las municipales y después concederles la nacionalidad".

   En nombre de la Izquierda europea, la vicepresidenta del grupo europeo y líder de Podemos en la Eurocámara, Irene Montero, ha defendido que "los papeles son derechos" y ha recriminado a los detractores de la regularización extraordinaria que dónde la defensores de la medida ven "personas", ellos "ven esclavos".